A pesar de que se ha publicitado como la panacea para paliar la escasez de mano de obra en determinados sectores, el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes ya residentes en España ni lo está siendo ni lo va a ser. Pensar que esta regularización resolverá por sí sola la falta de trabajadores en nuestro país es una visión excesivamente simplista. En primer lugar, no ha sido un proceso cuya concesión estuviese ligada obligatoriamente a presentar una oferta de empleo. Además, la propia normativa prevé la posibilidad de renovar la residencia concedida simplemente por estar inscrito como demandante de empleo y en búsqueda activa de trabajo, pero no la vuelve a condicionar a la presentación efectiva de una oferta laboral.
Desde el Gobierno de España y medios de comunicación se hacen eco de que el mes de septiembre cerró con 92.327 afiliados más a la seguridad social, de los que el 91% correspondía a personas extranjeras. Evidentemente, el proceso de regularización ha tenido impacto en esta cifra, es innegable. Pero la regularización extraordinaria no crea nuevos trabajadores, sino que otorga autorización para trabajar a personas que ya se encuentran en territorio español. Muchas de ellas, de hecho, ya estaban desarrollando actividades económicas de forma irregular. Por tanto, el efecto principal de la medida no está incrementando de manera significativa la población activa disponible, sino que hace aflorar empleo que actualmente permanece fuera de los circuitos legales.
Septiembre también arrojó otro dato relevante. El paro registrado de extranjeros subió en 26.000 personas, aumento que también está ligado a la regularización, ya que muchas de las personas regularizadas se han apuntado a los servicios públicos de empleo porque, como he indicado, van a poder renovar su permiso cumpliendo únicamente este requisito. Además, existe un importante desajuste entre los perfiles profesionales demandados por las empresas y las capacidades o experiencia laboral de las personas que previsiblemente accederán a la regularización. El mercado laboral español necesita cubrir puestos específicos que requieren formación técnica, certificados profesionales, conocimientos lingüísticos o experiencia acreditada. No todas las personas regularizadas reúnen estas condiciones de manera inmediata, lo que limitará el impacto de la medida sobre determinados sectores.
Tampoco debe olvidarse que el problema de la escasez de trabajadores tiene causas mucho más profundas. El envejecimiento de la población española, la baja natalidad y la progresiva jubilación de la generación del “baby boom” están reduciendo la disponibilidad de mano de obra en numerosos sectores. Paralelamente, determinadas actividades presentan condiciones laborales poco atractivas, con salarios reducidos, elevada temporalidad o jornadas exigentes.
Mientras estas circunstancias no mejoren, muchas vacantes seguirán resultando difíciles de cubrir, independientemente del número de personas que obtengan una autorización de residencia y trabajo. No digo que la regularización extraordinaria no esté proporcionando un alivio parcial en algunos sectores con dificultades de contratación, pero no podemos caer en un optimismo desaforado. Este proceso no da solución al problema estructural que tiene España de escasez de trabajadores en muchos sectores. Es morfina contra el dolor, pero no cura la enfermedad que lo causa. Para afrontar este desafío será necesario combinar medidas de inmigración legal más rápidas, formación profesional, y mejora de las condiciones de trabajo, abordando así las causas profundas que explican la escasez de trabajadores en España.