Los datos ponen de manifiesto que el absentismo se ha convertido también en un problema relevante dentro del sector público navarro. La tasa de absentismo ha aumentado con mucha mayor intensidad que la plantilla, el número de trabajadores de baja al día se ha más que duplicado y el coste de las sustituciones se acerca ya a los 46 millones de euros anuales. Como señalábamos la semana pasada al analizar el absentismo en el conjunto del mercado laboral, detrás de estas cifras existen múltiples causas que deben ser estudiadas.

La sociedad navarra debe exigir a los partidos navarros, al menos a los que de verdad buscan el desarrollo y crecimiento de nuestra comunidad, que sean capaces de sentarse en una mesa y no levantarse hasta disponer de un plan industrial, consensuado y que incluya una estrategia a largo plazo, al menos diez años, obviando las tácticas electoralistas y asegurando que dicha estrategia no cambie cada cuatro años.

Los impuestos son imprescindibles para financiar la sanidad, la educación, las pensiones o la dependencia. Nadie discute esa realidad. La cuestión es si el nivel de tributación que soportamos favorece una economía dinámica capaz de generar riqueza o, por el contrario, termina debilitando precisamente la base que sostiene nuestro Estado del bienestar. Existe una evidencia económica difícil de rebatir: primero hay que crear riqueza para después poder distribuirla.

Conviene analizar con prudencia las expectativas generadas en torno a esta regularización. La medida ha sido presentada como una herramienta capaz de facilitar la incorporación de un elevado número de personas extranjeras al mercado laboral formal, favoreciendo tanto su integración como la reducción de la economía sumergida. Sin embargo, la obtención de una autorización administrativa no garantiza por sí sola una inserción laboral efectiva.

La verdadera política industrial consiste en crear las condiciones necesarias para que las empresas quieran instalarse, crecer e invertir. Y para ello se necesita confianza, estabilidad y una rentabilidad razonable. Si se transmite inseguridad jurídica, si los impuestos crecen año tras año, la carga regulatoria se dispara, no se desarrollan las infraestructuras necesarias y se deja de confiar en la Administración, los inversores paralizan sus decisiones de inversión y buscan otros lugares más atractivos para la expansión de sus negocios.

Sin que nadie lo previese, el Ministerio acaba de publicar que va a dejar como está el tramo entre Teruel y Sagunto (Valencia). Es decir, los últimos 136 kilómetros del Corredor Cantábrico-Mediterráneo se quedarán con vía única y ancho Renfe per secula seculorum. No está mal para el siglo XXI. Con esto, adiós al tráfico de pasajeros en Alta Velocidad entre Navarra, Valencia y el Mediterráneo. Y junto con nosotros todos los potenciales usuarios desde el Cantábrico, País Vasco, La Rioja y Aragón.