La
Fundación para el Avance de la Libertad publicaba
hace pocos meses la tercera edición del "Índice
de Libertad Económica de las Ciudades Españolas
(ILECE)", que mide cuánto impulsa o retrae cada
ayuntamiento la libertad económica de su ciudad.
En este caso se han analizado las 50 mayores ciudades españolas
según 17 indicadores divididos en cuatro grandes
áreas: desempeño económico municipal,
magnitud de la plantilla municipal, intervencionismo económico
municipal y presión fiscal municipal.
Uno
de sus principales resultados es que las dos primeras categorías
del índice, libertad económica plena y satisfactoria,
quedan desiertas. De igual manera, quedan vacías
las dos últimas: libertad económica inexistente
o muy deficiente. Solo tres ciudades obtienen la etiqueta
de libertad económica moderada y otras treinta aprueban
(libertad económica aceptable). Suspenden, al obtener
menos de cincuenta puntos, dieciséis ciudades, de
las que quince reciben la etiqueta de “libertad económica
insuficiente” y una la de “deficiente”
al no superar ni cuarenta puntos.
Alicante,
Almería y Vigo encabezan el ranking, con Pamplona
en el undécimo lugar. Cierran el ranking Marbella,
Jerez de la Frontera y Granada.
Pamplona,
única ciudad navarra incluida en el Índice,
ha perdido dos puestos respecto al año anterior y
tres respecto a 2018, aunque sigue manteniéndose
en los puestos de cabeza.
A
continuación se incluye la evolución en Pamplona
de las cuatro áreas estudiadas, y se comprueba que
la de presión fiscal es la que peor comportamiento
ha tenido.
Una
de las principales conclusiones del informe es que la libertad
económica de nuestras ciudades, sobre todo de las
más grandes, "se ve menoscabada por una administración
local excesiva. Cada vecino paga cientos de euros al año
(en algunos casos, más de quinientos) sólo
para costear los salarios de los empleados municipales.
El dato de presupuesto partido por población es escandaloso
y la deuda municipal sigue siendo un problema generalizado".
Juzguen ustedes mismos.
