Expansión, 12 de junio de 2004
Julio Pomés, Director de Institución Futuro
Los ciudadanos europeos deben asumir la responsabilidad de su bienestar o el sistema quebrará. Muchos países europeos están compartiendo un aumento del porcentaje de ancianos y un descenso de la natalidad.
Los ciudadanos europeos deben asumir la responsabilidad de su bienestar o el sistema quebrará.
Muchos países europeos están compartiendo un aumento del porcentaje de ancianos y un descenso de la natalidad. Según Naciones Unidas, esta tasa rondaba en Europa, entre 1960 y 1965, los 2,6 niños. En la actualidad se ha reducido a la mitad y la previsión es que sea 1,8 en el período 2045-2050.
Aunque la riqueza está en los países en proceso de envejecimiento, ésta no les otorga expectativas tranquilizadoras. Así, las previsiones sobre la dificultad de financiar el sistema de pensiones ha hecho saltar las alarmas en diferentes países europeos. El impacto sobre el mercado laboral ha provocado que el número de personas en edad de trabajar decrezca (y que con él se reduzca la capacidad recaudadora de los gobiernos) mientras aumenta el número de pensionistas. La emigración no resuelve ese déficit. Aun con su contribución, las aportaciones de la fuerza laboral no serán suficientes para garantizar el actual sistema. Según las estimaciones de la Comisión Europea el ratio entre personas mayores de 65 años y personas en edad de trabajar será el doble en el año 2050.
Holanda ya advirtió del riesgo de esta tendencia en una cumbre de líderes europeos celebrada en Estocolmo en 2001. Los gobiernos están ya estudiando posibles acciones que permitan que el sistema sea viable: recortar las prestaciones, incrementar la tasa de ocupación, elevar la edad de jubilación, disminuir la deuda pública, subir las contribuciones de empresarios y trabajadores y reformar el sistema de pensiones. El Ejecutivo francés, a pesar de la huelga general, ha decretado que a partir de 2008 los trabajadores del Régimen General deberán cotizar durante 40 años para tener la pensión integra. En Austria, el gobierno planea aumentar el período de cotización de 40 a 45 años y retrasar la edad de jubilación de 57 a 59 años para las mujeres, y de 60 a 65 años para los hombres. En Suecia, la nueva legislación obliga a recortar las pensiones en caso de déficit y en 2000 se amplío el cálculo de las pensiones a toda la vida laboral. Dinamarca eliminó los incentivos a la jubilación anticipada y los ha establecido para fomentar los sistemas complementarios.
Según J. A. Herce los cambios en el sistema de pensiones tienen diferentes implicaciones dependiendo del colectivo: los ya retirados, a quienes no debería afectar; los trabajadores de 50 o más años, a quienes los cambios afectarían de forma más clara ya que no podrían reaccionar aunque lo quisieran (por falta de margen temporal); y los trabajadores más jóvenes, que sí tienen capacidad de reaccionar. La tarea no es fácil. Según el profesor Herce los gobiernos deberían encontrar fórmulas de transición para este grupo de trabajadores que permitan preservar las carreras acumuladas, generen margen adicional para cotizaciones acrecentadas y sea a la vez un sistema equitativo.
Algunas soluciones
Hay quienes apuntan a que la solución podría venir de la globalización. Según P. S. Hewitt, director del Global Aging Initiative en Estados Unidos, si los países occidentales invierten los fondos de pensiones en países de baja productividad, pero intensivos en mano de obra, los rendimientos podrían ser capaces de financiar las pensiones de los mayores en los países de origen de los fondos.
Según William G. Shipman, director de Carriage Oaks Partners LLC (una consultora especializada en pensiones), la seguridad de las pensiones de retiro es uno de los problemas internos al que todos los países se enfrentarán dentro de 25 años. Para Shipman las acciones tomadas por los gobiernos reflejan que intentan parchear los síntomas del problema: tener liquidez. Según este experto, aumentar los impuestos o reducir las prestaciones no tendrá impacto sobre la tasa de natalidad o la esperanza de vida, y por tanto tales medidas son ‘parches financieros’. Shipman considera que la solución está en las oportunidades que ofrecen los mercados de lo países en vías de desarrollo. Para ello es necesario que, previamente, estos países acometan cambios estructurales, sociales y políticos, y estabilicen sus monedas. La financiación de los servicios sociales provendrá en el futuro, no de la imposición, sino de los rendimientos del capital.
Pero esto no se hace de la noche a la mañana. Los gobiernos necesitan soluciones ‘inmediatas’ y las propuestas de Shipman no lo son. Éste aboga por un futuro caracterizado por un renacimiento global, donde los mercados mundiales juegan un papel vital para el logro de los objetivos de la humanidad. Suena bien, y sería ideal pensar en un mercado global que resulta en ganancias netas para todos sus participantes. Sin embargo, no todos los gobiernos contemplan esa visión solidaria del mundo. Tampoco muchos ciudadanos. A nadie le agrada ser generoso para arreglar los problemas de los que no dan un palo al agua; pero, eso sí, reclaman el solidario ‘gratis total’. La solidaridad ‘global’ precisa primero de la responsabilidad personal.

Institución Futuro
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