En ningún lugar se dice que los gobiernos deban defender la escuela administrada e impartida por funcionarios, frente a la escuela de otros docentes.
Viene esto a cuento de la campaña del Gobierno de Navarra, pagada con nuestro dinero, para fomentar única y exclusivamente uno de los dos modelos de enseñanza que conviven en Navarra, la denominada enseñanza pública, frente a la enseñanza en centros concertados, cuando ambos modelos educativos son financiados en su totalidad con dinero público, por lo que el Gobierno de Navarra debiera ser estrictamente neutral respecto del modelo de enseñanza a elegir por los padres y madres navarros.
En ningún lugar se dice que los gobiernos deban defender la escuela administrada e impartida por funcionarios, frente a la escuela de otros docentes. El hecho y los datos demuestran que el que la escuela pública pertenezca funcionalmente a la Administración no le aporta ningún plus ni de neutralidad, ni de eficacia, ni de adoctrinamiento, ni de nada. Tan solo significa que su propiedad es la administración pública y que sus trabajadores son funcionarios.
Pero este artículo no va contra la escuela pública, todo lo contrario. Este escrito trata de denunciar, una vez más, la restricción de libertades básicas ejercida por el Gobierno de turno. La libertad de elección del modelo de enseñanza debiera ser prioritario para cualquier sociedad y, por tanto, para todo gobierno. Y estos tan solo debieran exigir que los centros concertados aplicasen estrictamente los criterios socialmente aceptados de igualdad, no discriminación, calidad y promoción del alumnado.
Las cifras globales de Navarra, donde tan solo un tercio de alumnos estudia en centros concertados y dos tercios en centros públicos -la segunda región española con mayor proporción de alumnos en concertada, solo por detrás del País Vasco-, enmascaran una gran mentira y una gran injusticia. La gran mentira es que si los padres y madres de Navarra pudiesen elegir entre los dos tipos de centros, más de la mitad “llevarían” a sus hijos a centros concertados. Ese es el dato de Pamplona o de Tudela, donde existe realmente la capacidad de elección, al haber centros de las dos tipologías. La gran injusticia es que, habiendo esa demanda de los navarros, el Gobierno vaya en dirección contraria, es decir, favoreciendo única y exclusivamente la escuela de los funcionarios.
No es solo que exista una demanda real en Navarra de este tipo de educación, sino que la calidad de la educación concertada, medida a través de pruebas nacionales e internacionales, es de altísima calidad. Así lo indica PISA, los resultados de la EvaU…
La gran falacia tiene relación con la obligación de todo gobernante y administrador público de velar por la máxima pulcritud en el gasto de los impuestos y en la máxima eficiencia económica en los servicios prestados. En el caso de la enseñanza en Navarra el coste por alumno de cada plaza pública, según indica el último informe de la Cámara de Comptos, es de 6.840 euros, mientras que la educación de un chico o chica en Navarra en la enseñanza concertada cuesta al erario público 3.850 euros, es decir, prácticamente la mitad. Por tanto, cuando el Gobierno de Navarra publicita que “somos de la pública” ni respeta la libertad de las familias para elegir, ni pone los recursos (plazas) para que los padres y madres de Navarra puedan escolarizar a sus hijos donde quieran y además fomenta injustamente el modelo que cuesta el doble a todos los navarros. Como estudió Institución Futuro en su informe “A favor de la educación concertada. El caso de Navarra”, si ésta obtiene buenísimos resultados, existe oferta para la misma y su coste es menor, ¿dónde está la pega?
José María Aracama Yoldi Presidente del think tank Institución Futuro