
Los ingresos totales de la administración navarra han sufrido una reducción sustancial: en 2007 eran de 4.615 millones de euros y a finales de este año, rondarán los 3.720. A su vez, los impuestos directos han caído de 2.378 a 1.390 millones en 2012. ¿Cómo hemos llegado a esta situación?
El gasto público aumenta porque tiende a crecer sino hay ajustes; el actual diseño de la política económica y social conlleva unos estabilizadores que hacen aumentar el gasto en épocas de recesión; además el empleo público ha estado aumentando hasta hace poco tiempo. La reducción de los ingresos tiene tres motivaciones: de un lado la disminución de la actividad y el aumento del paro hacen que se recaude menos; por otro, tenemos un sistema impositivo donde una parte de los ingresos fiscales ha desaparecido ya que provenían de la burbuja inmobiliaria y no se van a recuperar, y por último tenemos un fraude fiscal estructural.
En esta grave situación hay que pensar en políticas fiscales y de gasto público que no obstaculicen el crecimiento económico, que debe ser el principal objetivo de la intervención pública. Unas actuaciones se deben centrar en los gastos, su contención y racionalización resultan claves y otras sobre los ingresos fiscales. Si no queremos renunciar a ciertos gastos, hay que intervenir sobre los impuestos. Pero, al mismo tiempo, si no queremos dañar el crecimiento futuro, no nos podemos permitir una subida notable de los impuestos, ni debemos mantener la actual estructura impositiva. Tenemos unos impuestos sobre la renta y sociedades que a pesar de tener unos tipos marginales muy elevados, no recaudan mucho en términos de PIB. El grueso del impuesto sobre la renta corresponde a 132.311 declarantes con bases entre 17.500 y 88.000 euros. Y esto es debido a la evasión y a la maraña de deducciones y exenciones fiscales. El tipo efectivo del impuesto sobre la renta en navarra ronda el 24% y el de sociedades el 20%, mientras que los tipos marginales sobre los trabajadores y empresas se aproximanal 50% y al 30% respectivamente. El peor de los mundos posibles. Por eso hace falta reformar la estructura del IRPF, eliminar muchas de las deducciones y gravar las rentas realmente altas que no son las del trabajo. Hay que reformar también la estructura del impuesto de sociedades y evitar las distorsiones que hoy crean el tamaño, el crecimiento, la forma societaria o la composición de las inversiones y su financiación.
Por otro lado tenemos una imposición indirecta baja. Los bienes gravados con el IVA reducido deben ser los realmente de primera necesidad y no los que responden a presiones de lobbies bien organizados. Por tanto más que llamadas demagógicas sobre que paguen los ricos, lo que hay que hacer es reformar de forma inteligente la estructura de la imposición directa e indirecta para que los tipos efectivos y no los marginales, se comparen con los países de nuestro entorno. Estas reformas son, no sólo posibles sino sobre todo, necesarias y urgentes para no obstaculizar el crecimiento económico.