A nadie le sorprenderán ciertos datos demográficos conocidos desde hace tiempo. Aunque el volumen de la población europea en números absolutos aumenta, la Unión Europea “encoge”: el peso porcentual de la población de la UE-25 en el mundo es de tan sólo 7,1%, y las estimaciones de las Naciones Unidas para el 2050 reducen aún más esta cifra al 4,9%. Asimismo, la población europea envejece, por tener el continente una de las tasas de esperanza de vida más altas del mundo y una tasa de natalidad muy reducida. Sin embargo, se está produciendo una repoblación debido a los flujos migratorios. Parece que los inmigrantes extracomunitarios son casi el único recurso para “rejuvenecer” al viejo continente. Resulta por ello paradójico observar cómo ciertos estados miembros de la UE-15 no sólo poseen medidas restrictivas para la entrada de inmigrantes procedente de países extracomunitarios, sino también para los inmigrantes de centro y este de Europa.
En 2004, cuando la última ampliación tuvo lugar, todos los países de la “antigua” Europa, excepto el Reino Unido, Irlanda y Suecia, decidieron ejercer un férreo control sobre la entrada de trabajadores de ocho de los diez nuevos países (salvo Chipre y Malta). Hace pocas semanas España, Portugal y Finlandia anunciaron que eliminarán las restricciones. Francia también pretende abrir sus fronteras, aunque de forma gradual, autorizando la entrada de trabajadores de sectores en los que se observa una escasez de mano de obra. El resto de países mantiene las actuales condiciones, que podrían alargarse hasta 2011. Las diferencias de cada país obligan a plantearse si una política común de inmigración referida al control de fronteras para todos los países de la Unión es posible. Si la UE-15 se pusiera de acuerdo en esta área, el paso siguiente sería establecer políticas sociales y de integración comunes para los inmigrantes, pero a día de hoy ese objetivo parece estar fuera de lugar.