Uno de los grandes trucos del Estado moderno fue la separación radical de los que gastan y de los que recaudan, la ruptura entre el origen y la aplicación de fondos, la asimetría burocrática, académica y legislativa de lo fiscal. Imaginen que fuera el alcalde quién directamente les pidiera el dinero para montar expediciones caribeñas, puestos de trabajo para compañeros de partido o infraestructuras de dudosa utilidad, y seguro que estarán más cerca de justificar el fraude o la insumisión fiscal. Pero no. Los inexorables impuestos son un acto de Dios, una maldición que se percibe como inevitable, que mueve más a la evasión que a la protesta, al sálvese quien pueda que a la defensa colectiva de la justicia, mientras que el gasto es un privilegio del político y una lluvia indiscriminada de gratuidades por las que se pelean los ciudadanos. No es casualidad que la recaudación esté a cargo de organismos eficaces, bien dotados de medios informáticos y con personal motivado y preparado, y el gasto, sin embargo, está en manos de indocumentados manirrotos. A pesar de los esfuerzos de interventores y órganos de control —mucho peor dotados de efectivos humanos y materiales que los recaudadores— el gasto desbocado campa por sus respetos protegido por una nube de opacidad, conformismo y de esa complicidad que razona «si yo estuviera allí, haría lo mismo». Se ha perdido el nexo entre el dinero que sale del bolsillo del contribuyente y lo que éste recibe del Estado; se ha perdido en un laberinto de cesiones de soberanía, de imperfecta democracia indirecta, y de fatalismo culpable.
La fundamental veta de los impuestos es la actividad económica, y la recaudación se ha ido al garete al desplomarse la renta, el consumo, la inversión, los beneficios, en fin todos los hechos imponibles imaginados por los espabilados legisladores, mientras que el gasto se sigue disparando. Con más o menos deuda, antes o después, subir los impuestos es inevitable, y Dios quiera que acierten y la subida de los mismos no deprima aún más la actividad económica. Se ha contado que a Jean-Baptiste Say, economista del siglo XVIII, su casero le tapió una ventana para no pagar el tributo que sobre «portes et fenêtres» había decretado el gobierno francés. Resultado: Say se quedó a oscuras y fastidiado, y la Hacienda pública también, porque no cobró el impuesto. Ya en este siglo, Arthur Laffer, otro economista, aventuró que un aumento de impuestos puede reducir la renta disponible y, consecuentemente, la recaudación futura.
La Tax Foundation y algunos otros, calculan el «Día de la Liberación Fiscal», es decir el día del año en que dejamos de trabajar para el Estado y empezamos a hacerlo para nosotros mismos. Es cuestión de dividir la renta nacional por los ingresos fiscales del Estado, y aplicar ese porcentaje a los días laborables anuales. En España, la Institución Futuro ha situado ese día en el 9 de mayo de este 2009. Hasta entonces los ciudadanos españoles «trabajamos» para «otros». España se sitúa en un lugar intermedio (Dinamarca, 28 junio; Eslovaquia, 16 abril). Pero el problema sigue siendo el gasto. Que el Estado informe y justifique el destino de los impuestos. Y no nos diga siempre «paga y calla».