La importancia de los idiomas es innegable. La Unión Europea cree que esta materia es tan relevante que, con la entrada de Bulgaria y Rumanía a la Unión en enero de este año, se creó una nueva cartera en la Comisión Europea, la del multilingualismo. Se pretendía así fomentar el patrimonio lingüístico de los países a la vez que promover el entendimiento entre estados miembros. La UE es el mejor ejemplo de variedad lingüística: 23 lenguas oficiales y 506 posibles combinaciones de traducción entre todos los idiomas lo confirman. Ahora bien, no existen en los tratados de la Unión bases legales sobre una política de idiomas coherente. Lo único que se sabe con certeza es el coste que a las instituciones europeas les supone traducir e interpretar todos los idiomas oficiales. En 2005 se invirtieron más de 500 millones de euros, lo que equivale al 1 por ciento del presupuesto anual de la UE. Aunque esa cifra no parece excesiva, el Parlamento Europeo aprobó el 10 de julio un informe elaborado por el Eurodiputado finlandés Alexander Stubb que subrayaba los derroches que se cometen en esta área. Según el texto, de los 500 millones de euros empleados, 26 millones se desperdician anualmente en las instituciones europeas.
El estudio reconoce que muchos parlamentarios reservan los servicios de intérpretes para reuniones a las que no acuden. El coste de cada traductor, 1.500 euros diarios en el Parlamento Europeo y de 1.000 euros en la Comisión, debería dar que pensar a los políticos europeos. La cuantía de las traducciones reabre una vez más el debate sobre la necesidad de limitar el número de idiomas que, de facto, se emplean en la UE. Aunque parece de sentido común que emplear dos o tres lenguas en vez de 23 resultaría más económico, no es tan sencillo decidir cuáles habría que dejar “aparcadas” sin que los países miembros no se sintieran discriminados.