Expansión, 27 de julio de 2004
Julio Pomés, Director de Institución Futuro
Los ciudadanos que pagamos impuestos tenemos el derecho de auditar la gestión pública y los gastos de nuestros políticos. Para ello hace falta que la sociedad civil se organice y lo exija.
Los ciudadanos que pagamos impuestos tenemos el derecho de auditar la gestión pública y los gastos de nuestros políticos. Para ello hace falta que la sociedad civil se organice y lo exija.

¡Cuantos más impuestos pagues, más contribuyes al despilfarro! Ésta era la confesión sincera de un político honesto, amigo entrañable, tras abandonar un Ejecutivo autonómico. Esta persona accedió a la política lleno de un gran entusiasmo por trasladar a la Administración Pública sus parámetros de empresario. Tras una legislatura, su desengaño era absoluto. La oposición había roto en el Parlamento todos sus planteamientos por motivos populistas. De otro lado los corsés de la legislación administrativa y la rigidez funcionarial habían hecho el resto. Hoy lo que le gustaría es donar a una ONG seria sus impuestos, en lugar de ingresarlos en Hacienda. La afirmación de mi amigo recuerda a la que Cristóbal Montoro hizo en EXPANSIÓN: “la mejor manera de reducir el déficit público es bajar los impuestos”.

La monografía del Círculo de Empresarios ‘España en Europa’. Un esfuerzo fiscal desproporcionado revela que el mejor indicador para valorar el esfuerzo fiscal es una fracción, en cuyo numerador está el porcentaje que representa el gasto público en el PIB, y en el denominador la renta per cápita relativa (expresada en poder de compra, en la que la media de la UE es cien), multiplicada por la tasa de ocupación. El informe elude los maquillajes habituales, por lo que el gasto público incluye la Seguridad Social y las empresas públicas; también, para calcular el esfuerzo fiscal considera sólo a los ocupados que pagan impuestos. La conclusión es que España es uno de los países de Europa con mayor esfuerzo fiscal real.

Si a eso añaden que la apreciación de que los servicios públicos recibidos es insuficiente, se entiende que los ciudadanos más castigados se planteen una cierta objeción fiscal: se sienten legitimados para usar todas las tretas legales que les ayuden a eludir impuestos. Personalmente considero que, como es imposible conocer qué cantidad se debe pagar en justicia, es preferible la cautela moral de huir de las artimañas, ante la posibilidad de perjudicar a los más desfavorecidos.

Rentabilidad de los impuestos
España tiene una competitividad escasa promovida, en buena parte, por la baja productividad de las empresas. El sector público debe arrimar el hombro proporcionando una mayor rentabilidad a nuestros impuestos. Europa está tomando medidas de austeridad que deberíamos imitar. No hay que desmontar el bienestar que disfrutamos, sino los procedimientos de que nos servimos para obtenerlo. Lo que duele no son las inversiones en obra civil, sino los gastos en personal. Así, las autonomías han aumentado, entre 1995 y 2002, sus funcionarios desde 545.000 hasta más de un millón al final de 2002, a causa de las competencias recibidas, aumento que no ha sido compensado por la disminución de los 84.000 de la Administración central. Fijémonos cómo Italia se aprieta el cinturón reduciendo un 15% el coste de la Administración Pública. Del mismo modo, el Reino Unido va a suprimir 104.000 funcionarios mediante una reducción de la burocracia estatal.

España necesita recursos para dotarse de unas infraestructuras que modernicen el país y que den trabajo a los desempleados que causará la desaceleración de la construcción de viviendas en la próxima década. El dinero debe salir del ahorro conseguido por una mejor gestión pública. Hay mucho funcionario que está desaprovechado porque ni tiene incentivos para trabajar más, ni se le permite tener iniciativa para mejorar el servicio desempeñado, ni tampoco tiene la motivación del reconocimiento de su esfuerzo por sus jefes. El gasto público que despierta más indignación es el de algunos políticos. No me refiero al sueldo de los que trabajan con eficacia, quienes siempre estarán mal pagados. Apunto a todos esos defraudadores que no dan un palo al agua. Ésos que no tienen la preparación adecuada y cuyo mayor mérito es su capacidad de intriga para colocarse en un puesto de salida en la lista electoral.

Reconocerán que la Administración Pública no es proclive a que le auditen la calidad de su gestión, sino más bien al ‘apagón estadístico’. El FMI recomienda en un próximo informe sobre transparencia fiscal un mayor control del Presupuesto por la opinión pública. Es una pena que la presión crítica de la ciudadanía no pase de ser una pataleta ante la arbitrariedad que percibimos en la campaña del IRPF: Hacienda no recauda donde debe, sino donde puede. De ahí que los impuestos los paguemos siempre los mismos: la sufrida clase media, que es la presa más fácil.

La sociedad civil tiene que organizarse para exigir a los políticos un mejor reparto de las cargas y, sobre todo, una mayor rentabilidad los tributos; es nuestro dinero. Es capital que esa auditoría que demanda el FMI facilite dos claves: el esfuerzo fiscal de los que pagamos impuestos y la relación coste/eficacia del gasto público. Los ciudadanos reivindicamos que la eficacia del sector público alcance la del privado.

Institución Futuro
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