Hay otros casos que no llegan a los medios de comunicación. Esas compañías temen que, si no contribuyen a la citada operación de imagen, corren riesgos de perder los próximos concursos. En cualquier país del mundo, una presión gubernamental a una empresa para que participe en una campaña electoralista hubiera hecho caer al ministro correspondiente; aquí, por el contrario, intimidar es un mérito para prosperar en el partido.
Muchas veces no es necesaria una advertencia explícita por parte de los políticos para que las empresas hagan cesiones. Suele ser más eficaz permitir que exista la convicción de que ser amable con quien manda ayuda a conseguir adjudicaciones públicas. Quizás vivimos el momento de nuestra joven democracia en el que el poder político se manifiesta con mayor fuerza.
Buena prueba de ello es lo que está haciendo el Gobierno con el Tribunal Constitucional para asegurarse de que no prospere el recurso del Partido Popular sobre el Estatuto de Cataluña. Esta violación del principio de la separación de poderes por el Ejecutivo es una demostración de prepotencia que recuerda lo que decía Lord Acton: El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente.
Plantar cara el Gobierno
El mejor procedimiento que tienen las compañías para defenderse de estas coacciones es unirse para plantar cara al Gobierno. Un compromiso solidario de todos los miembros del mismo sector, de no ceder ante el atropello gubernamental, unido a la adecuada inversión publicitaria del acoso del Gobierno, asustaría a los chantajistas, quienes verían peligrar sus votos.
¿Habrá valor para una acción tan contundente? Esas empresas saben que si continúan sometiéndose al poder político, cada vez la coacción será mayor. Éste es un caso que recuerda al dilema del prisionero de la teoría de juegos: para que la suma de beneficios particulares sea máxima, se requiere la colaboración de todos los participantes en la defensa del interés común.
La raíz de esa debilidad de las empresas ante los abusos de la partitocracia se encuentra en la carencia de sociedad civil que tiene España. El problema es que para que surja sociedad civil es imprescindible una cultura de libertad y una disposición activa a combatir los excesos del dirigismo político, actitudes infrecuentes en nuestro país. Para nuestra desgracia, aquí no vemos a los políticos como servidores públicos, sino como poseedores de prebendas con las que nos pueden intimidar. La hipertrofia del Estado y su omnipresente intervencionismo facilitan que se imponga, sin resistencia, un populismo de rostro amable a una sociedad cada vez menos crítica y más esclerótica.
Una circunstancia que aumenta el poder del Gobierno es el Estado providencia que nos han montado. La dependencia y el clientelismo electoral que provocan los subsidios indiscriminados degrada a las personas, desmotiva el ejercicio de la libertad e impide la realización personal. Parece oportuno recordar lo que dijo Benjamin Franklin: Quienes pueden renunciar a su libertad esencial para obtener una pequeña seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad.
Carmen Iglesias estuvo muy acertada en el suplemento de la mayoría de edad de El Mundo (23/10/2007) cuando aludió a la necesidad del asociacionismo ciudadano que preconizaba Tocqueville. Sin duda, el gran remedio es favorecer poderes intermedios que impidan que los políticos fagociten la sociedad, mediante la creación de organizaciones independientes a los partidos políticos, pero con capacidad de influir. Me encantaría que algunos de mis lectores se incorporasen a mi/su causa.