Por Javier Larequi, Ex Secretario de Comunicación de la Ejecutiva de UGT Navarra
Días pasados hemos conocido por la EPA que el paro alcanza ya a 4,3 millones de personas, al 35% de los jóvenes menores de 30 años, y a 1.220.000 familias que tienen todos sus miembros activos sin empleo. El Gobierno nos anuncia además que ha llegado la hora de los ajustes. Propone empezar por el déficit público, que alcanza ya el 11,4% del PIB, y hacerlo con un ahorro de 50.000 millones de euros en los presupuestos de aquí a 2013, como nos lo exige Europa. Ante tal panorama, el Gobierno también propondrá al Parlamento una reforma estructural del mercado de trabajo para incentivar el empleo y elevar la edad ordinaria de jubilación de los 65 a los 67 años, con el fin de garantizar el actual sistema de pensiones y las cuentas de la Seguridad Social a las generaciones venideras. La pregunta es: ¿cómo hemos podido llegar a esto?
La economía española ha venido creciendo desde 1985 y salvo en 1992-93, lo siguió haciendo hasta mediados de 2007. Desde 1994, a una media del 3,5% del PIB, por encima de la media europea, pero, con la crisis, nuestra respuesta ha sido mucho peor en capítulos como el empleo y vamos a tardar más en recuperarnos. Los años de bonanza se debieron a causas como nuestra incorporación a Europa (1985), que supuso la llegada de importantes fondos estructurales de ayuda; la incorporación a la moneda única (2002), que trajo estabilidad monetaria y acceso fácil y barato al crédito; y la llegada de 6 millones de inmigrantes en este siglo, que han contribuido de forma importante al incremento de la producción, el consumo y la inversión, además del aumento de la natalidad y su contribución al sostenimiento de la Seguridad Social.
En estos años, la construcción, sobre todo residencial, fue adquiriendo un peso importante entre los sectores económicos y el empleo, pero finalmente provocó una espiral especulativa y una burbuja económica importantes, además de la cultura del pelotazo. Actividades como los servicios, el turismo, la construcción y el trabajo doméstico se expandieron gracias a la llegada de los inmigrantes. Todas generaban economía, pero éstas requerían baja cualificación, aportaban poco valor añadido y eran de baja productividad. El modelo económico de la época se centraba fundamentalmente en un consumo interno fuerte, importantes inversiones de las familias y empresas en vivienda, solares, actividades inmobiliarias y bienes de consumo duradero. Lo permitía la disponibilidad de un crédito fácil y barato al que contribuían activamente las entidades financieras.
De aquellos polvos han surgido estos lodos. El prolongado crecimiento de la economía nos permitió acercarnos a Europa, pero el sistema no ha podido resistir la crisis y, lo que es peor, no nos sirve para salir de la misma. Ahora necesitamos importantes reformas estructurales para crecer y generar empleo. El espejismo de la bonanza no nos permitió ver las necesidades y emprender cambios que hubieran sido menos traumáticos que hoy. La crisis ha pillado a las familias, industrias y promotores excesivamente endeudados y al resultar fallidos los créditos están afectando de forma importante a los bancos y cajas de ahorros, al sistema crediticio, y a toda la economía en general. Tras los primeros síntomas de la crisis, lo primero que hicimos es dejar de consumir. El papá Estado puso varios mecanismos en marcha para corregir la situación, fundamentalmente el desempleo, pero sus gastos se disparaban en poco tiempo, la recaudación de impuestos se venía abajo por la baja actividad económica, y tenía que endeudarse en el exterior para afrontar los nuevos gastos. El déficit no es de los más altos de Europa, pero está creciendo muy rápido y se han disparado las alarmas.
Hoy empezamos a ser conscientes de que en el sueño de nuevos ricos perdimos productividad y competitividad, no aplicamos el desarrollo tecnológico que imponía la competencia y la globalización, el sistema educativo no respondía a las necesidades con la correspondiente pérdida de capital humano y, lo peor, que vivíamos muy por encima de nuestras posibilidades. Reconocidos los errores, no es momento de pequeños cambios para suavizar los comportamientos cíclicos de la economía, sino que hay que emprender importantes reformas estructurales en los diferentes sistemas productivos, mercados e instituciones públicas del país; para poner su maquinaria en sintonía con los tiempos. No basta con una reforma laboral. Hay que arrancar con medidas microeconómicas en todas las empresas y sistemas productivos y macroeconómicas, para poner en sintonía a los sectores. Todo para lo más urgente: generar empleo. Las administraciones públicas (tres millones de funcionarios) deberán ponerse también a la altura del país, sobre todo en productividad y competitividad.
Habrá que abrir plenamente la economía a la competencia exterior, adaptarla permanentemente a las nuevas tecnologías, dotarla del capital humano que vayan demandando los nuevos procesos productivos y buscar unos sistemas tecnológicos y de innovación que se adapten permanente a los cambios. Todo para converger con las economías más avanzadas, cumplir las exigencias del mercado global y poder conservar nuestro Estado de bienestar. No podemos repetir más aquello de que inventen ellos. Cueste lo que cueste, habrá que crear sistemas de formación, investigación e innovación capaces de adaptarse permanentemente a nuestras especialidades y necesidades productivas y a las nuevas líneas de mercado que vayan surgiendo en competencia con otros países. Habrá que prepararse para la producción de coches eléctricos, si es lo que viene, en el empleo generalizado de las TIC en los sistemas productivos, en los nuevos diseños de organización y planificación industrial y empresarial, en la aplicación y mejora de las energías alternativas, en todo lo que tiene que ver con las nuevas telecomunicaciones, el reciclado, el medio ambiente, la microbiología, servicios de mercado y no mercado, las asistencias sociales o cuantas actividades sean precisas, mejorando nuestra productividad y competitividad. Son cuestiones que competen a las empresas, a los poderes públicos y a todas y cada una de los ciudadanos del país, que tienen el deber y la obligación de prepararse permanentemente para responder a las necesidades del trabajo y los nuevos tiempos.
Las medidas de empresa, para ser más sólidas, deberían tomarse con un compromiso firme entre directivos y trabajadores. El Gobierno y las administraciones públicas tienen mucho que decir desde su papel de observadoras, impulsoras, coadyuvantes y propiciadoras de actividad y de riqueza. Para ello cuentan con capacidad legislativa, de planificación económica, reguladora, recaudatoria y de redistribución de la riqueza. Disponen de instrumentos y capacidad legal suficientes para regular, de una vez por todas, el funcionamiento del crédito, una de las cosas que más urge, y fijar claramente las funciones básicas de las cajas de ahorro.
El problema crucial está en generar empleo. La crisis es de tal envergadura que se necesitará el esfuerzo de todos. Las reformas estructurales requieren muchos sacrificios y éstos han de repartirse necesariamente. Han de aplicarse en muchos campos y no sólo a los trabajadores asalariados. El problema no se soluciona limitando o rebajando las rentas de los trabajadores o con nuevos tipos de contratación, algo que ya se hizo en las cinco grandes reformas laborales anteriores, pero hoy sólo se observa dualidad y desempleo.
Días pasados hemos conocido por la EPA que el paro alcanza ya a 4,3 millones de personas, al 35% de los jóvenes menores de 30 años, y a 1.220.000 familias que tienen todos sus miembros activos sin empleo. El Gobierno nos anuncia además que ha llegado la hora de los ajustes. Propone empezar por el déficit público, que alcanza ya el 11,4% del PIB, y hacerlo con un ahorro de 50.000 millones de euros en los presupuestos de aquí a 2013, como nos lo exige Europa.