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Hace unos días se publicaba en las páginas de este periódico una noticia cuyo titular era “Avalancha de oposiciones a funcionario para cubrir la oleada de jubilaciones”. Según el texto, se va a poder optar, a lo largo de todo el territorio nacional, a puestos de entre muchos otros, médicos, enfermeros, ingenieros, arquitectos, científicos, bibliotecarios… y sobre todo administrativos. En total, 40.000 puestos para nuevos funcionarios y otros 16.000 puestos de promoción interna.

Las razón de que se vayan a celebrar tal cantidad de oposiciones parece ser doble: la exigencia de acabar con la interinidad del servicio público, que supera el 30%, y cubrir puestos que debieran haberse ofertado pero que con la crisis económica no salieron, incluyendo muchas jubilaciones. A nadie se le escapa que estas contrataciones van a suponer un mayor gasto. En Navarra, el gasto no financiero ha aumentado un 50% en las dos últimas legislaturas, y en ese mismo periodo de tiempo el de personal un 43%. Y precisamente ahora que estamos en plena campaña de la renta, merece la pena preguntarse si ese mayor gasto en personal está justificado, por la sencilla razón de que lo pagamos todos los ciudadanos.

La Constitución Española, en el artículo 31.2, indica cómo ha de ser el gasto público: “Se realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”. Me consta que en el sector privado el término de eficiencia está a la orden del día: hacer más con menos es la lógica que lleva a una mayor productividad. Sin embargo, a la vista de la citada avalancha de oposiciones en toda España, no parece que lo público haya tomado nota. No podemos saber si existe proporcionalidad entre lo que se gasta y lo que se obtiene, porque para empezar antes de implementar cualquier programa se debería definir lo que se quiere obtener, para poder medir a posteriori su impacto.

En Navarra apenas se mide. Es cierto que el Gobierno ha solicitado a la AIReF la evaluación del gasto público en materia sanitaria, contemplando la inversión en infraestructuras sanitarias y equipos de alta tecnología y en personal del Servicio Navarro de Salud. El objetivo de esta evaluación será determinar las posibilidades de optimización del gasto y de mejora de la sostenibilidad del sistema sanitario público. Pero hay que ir mucho más allá. Hay que realizar una revisión integral del gasto público. La Administración Pública de Navarra ha de ser un modelo de excelencia en todo lo que interviene. En otros sectores, aspectos como la digitalización y el uso de las nuevas tecnologías han conseguido que muchas de las jubilaciones no tengan por qué cubrirse con nuevos trabajadores. A su vez, se han creado nuevos puestos de trabajo con perfiles que hace pocos años ni existían. Y, sobre todo, hay una capacidad tremenda de reciclaje de los trabajadores, que pueden cambiar de puesto con relativa facilidad.

En la función pública la simplificación de trámites administrativos y la reducción de cargas administrativas y burocráticas sería un objetivo factible con las tecnologías actuales. Pero el ciudadano no percibe mejoras a ese respecto.

No se trata de gastar más si no es necesario. Se trata de gastar mejor. Al fin y al cabo, gobernar implica priorizar el gasto. Y si, por ejemplo, el Ejecutivo ha considerado necesario aprobar una ampliación de crédito de seis millones de euros, cuatro de los cuales para reducir las listas de espera, habrá que analizar cómo lo va a financiar. ¿Se van a eliminar gastos equivalentes de otras partidas o se va a incrementar el déficit y por lo tanto la deuda? La deuda pública la pagamos ahora nosotros, y a futuro las próximas generaciones.

Permítanme un último apunte: según el indicador de eficiencia recogido por el IEE, España en su conjunto podría reducir su gasto público un 14% y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos si lograra alcanzar los niveles de eficiencia de la media de la OCDE. Supondría un ahorro de recursos de 60.000 millones de euros. En ese ranking, España se encuentra en el puesto 29 de 37 países estudiados. ¿A qué esperamos para implementar herramientas de rendición de cuentas para sacar el máximo partido al dinero público? En breve tendremos nuevo gobierno con cuatro años por delante para llevar a cabo su programa: ¿algún partido tiene entre sus propuestas electorales alguno de los temas citados?

Institución Futuro
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