Según la Comisión Europea, el salario de un trabajador de la UE que invierte un año adicional en educación, se incrementa en un 8% y sabemos que los colectivos mejor preparados, con más formación, tienen mayores probabilidades de encontrar empleo. Resulta patente que la inversión en formación tiene un efecto positivo sobre el empleo de las personas y su remuneración, además de mejorar la capacidad de competir de las empresas.
En Navarra la relación entre nivel de educación y empleos presenta algunas diferencias notables respecto a las regiones europeas más avanzadas. Tenemos una elevada proporción de trabajadores con formación primaria o secundaria obligatoria, un 42,77% y el colectivo con formación superior representa un 38,95%. Frente a esto, destaca el notable déficit de trabajadores con formación secundaria postobligatoria, un 18,27%. Además, la formación profesional está escasamente reconocida y existen deficiencias importantes en su funcionamiento. Esta polarización resulta preocupante ya que la producción de bienes y servicios de alto contenido tecnológico, depende no sólo de la formación superior de técnicos y licenciados sino también, de la disponibilidad de trabajadores con una sólida cualificación intermedia y experiencia.
Por ello resulta inquietante que el ministerio de trabajo haya dejado de invertir 837 millones de euros en formación permanente durante los últimos cuatro años. Esta cantidad representa el 18% del presupuesto de la Fundación Tripartita para la formación en el empleo, institución integrada por el propio ministerio de trabajo, la patronal y los sindicatos. El presupuesto de esta institución entre 2004 y 2007 ha sido de 4.790 millones, pero sólo se han ejecutado 3.952. Los recursos destinados a la formación profesional continua proceden de las cotizaciones sociales que pagan trabajadores y empresarios y, por tanto, deberían destinarse a mejorar la cualificación laboral de los empleados y aumentar la productividad de las empresas, no a reducir el déficit.
Dadas las deficiencias que se detectan en el funcionamiento de nuestro sistema de formación, resulta difícil de justificar que se hayan dejado de invertir esas cantidades. Por eso, deberíamos conocer y debatir sobre las causas que han dificultado la ejecución del presupuesto. Convendría saber si las deficiencias se han planteado en el ámbito de las necesidades y demandas, por ejemplo, las empresas no han realizado la suficiente inversión en formación como para que los programas se desarrollen; si las causas tienen su origen en la oferta, existe una oferta formativa poco atractiva que no resulta de interés ni para las empresas ni los trabajadores, o los motivos se asocian con la existencia de un serio problema de gestión organizativa de esos fondos que hace que la ejecución del presupuesto se sitúe muy lejos de lo previsto. En cualquier caso, el dato pone de manifiesto una implantación muy deficiente de las políticas de formación tan necesarias para mejorar la cualificación profesional de los trabajadores.
En la actual situación, vamos a necesitar más dinero para la formación de los empleados y desempleados y ello requiere también de una asignación rigurosa y eficiente de esos fondos. Por ello resulta imprescindible desarrollar programas que ayuden a definir un mejor sistema de formación profesional reglada y continua en unos momentos en los que se está produciendo un aumento sustancial de la necesidad de reciclar a los miles de trabajadores que están siendo expulsados del mercado de trabajo para que puedan incorporarse a otras actividades productivas.
En definitiva, hace falta mucha menos retórica sobre la importancia de la formación y mucho más rigor en el diseño de políticas activas para el empleo que ayuden a mejorar sustancialmente la calidad de la oferta formativa realizada. Si es así, todos ganaremos.