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Cuando la pandemia de la covid-19 se abatió con toda su fuerza sobre Europa en marzo de 2020, España y Navarra, tras doce años, todavía no se habían acabado de recuperar por completo de la tremenda crisis financiera y económica iniciada en 2008. La Comunidad foral, que había alcanzado el pleno empleo a finales de 2007, todavía no se había recuperado en 2020. España y, en menor medida, Navarra habían salido muy dañadas de la crisis de 2008. De nuevo se habían puesto de manifiesto los importantes atrasos estructurales de nuestro modelo económico: falta de competitividad, rigidez del mercado laboral, baja apuesta por la innovación, escasez de ahorro nacional, exceso de dependencia del sector turístico, precaria educación y deficiente gestión de las cuentas públicas.

A diferencia de la crisis de 2008, con la covid la Unión Europea reaccionó de modo diferente; si entonces la medicina de la Comisión Europea a aplicar fue máxima austeridad, control del déficit público y un ajuste brutal, incluidos rescates nacionales, de los que España se libró por los pelos; ahora, en 2020, la reacción europea ha sido la de apostar por inundar la economía pública con dinero extra, contando con su rápida traslación a la economía privada y, con ello, acelerando e impulsando una rápida recuperación económica. Se entendió que este importantísimo desembolso económico debiera ser aprovechado para una radical transformación de la economía europea, posicionándola como principal protagonista mundial en políticas verdes y en transformación digital. Es decir, endeudarse a nivel europeo sí, pero utilizar ese dinero, que deberán pagar las generaciones futuras, para relanzar económicamente y tecnológicamente a Europa.

Tras ese histórico acuerdo, alcanzado por el Consejo Europeo en fecha tan temprana como julio de 2020, la responsabilidad volvía a transferirse a los Estados, que deberían ser capaces de entender el mensaje y ser capaces también de gestionar con transparencia, rigor, honestidad y, sobre todo, agilidad todo ese volumen económico que aportarían los ciudadanos europeos en su conjunto.

En España sabíamos exactamente lo que nos correspondía: 70.000 millones de euros a fondo perdido y otros 70.000 millones de euros opcionales en forma de deuda a largo plazo. Tanto en el Congreso como en los 17 parlamentos y gobiernos autonómicos se hicieron planes políticos de recuperación, en Navarra el denominado “Reactivar Navarra”. Posteriormente, mientras el Estado confeccionaba a hurtadillas el verdadero Plan de Recuperación y el Contrato de Condiciones con Europa, las 17 Comunidades Autónomas presentaron sus respectivos Planes Económicos de Recuperación, sin conocer el dinero que podrían gestionar y para qué. Y, en paralelo, las organizaciones empresariales tuvieron que hacer lo propio con la misma información, es decir, ninguna.

Nos consta que muchas organizaciones que podrían aprovechar dichos fondos, los están dejando pasar por la falta de información y por el riesgo que supone comprometer fondos propios, sin tener asegurada la llegada del dinero de Europa. ¡Qué falta de confianza!

Se suponía que los proyectos se iban a empezar a ejecutar de verdad ya en 2021. Gestionar el gasto de 140.000 millones de euros, que pueden movilizar inversiones muy superiores en proyectos en tan solo cuatro años, y todo pasando por el filtro del sector público, requiere de un esfuerzo de organización, medios e impulso frente al cual el sector público estatal y también el autonómico o local no parecen estar preparados.

Todavía no se ha visto que estos fondos se hayan traducido en más tecnología, más proyectos contra el cambio climático o más transformación económica. De hecho, tal y como indicaba Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos, en un reciente webinar, tan solo 104 millones de euros, lo que se corresponde con el 2% de los fondos, han llegado a las empresas. Fondos perdidos en una burocracia descomunal e ineficaz. Y, para rematar, ahora que parecía que iban a activarse las convocatorias, nos desayunamos con la enésima batalla entre los principales partidos de nuestro país y, por tanto, también de Navarra, con amenazas de denunciar el reparto de los fondos a las instituciones europeas, que son las que ponen el dinero. Me pregunto qué pensaran en la Comisión Europea. Nos ponen en bandeja de plata hasta 140.000 millones de euros de todos los europeos, y en lugar de utilizarlos para ordenadores, digitalización de pymes, coches eléctricos, refuerzo y reconversión tecnológica del sistema de salud o más educación avanzada, se convierten en garrotes para, como en el cuadro de Goya, volver a darnos tortazos entre españoles. Increíble. Desde Institución Futuro, como sociedad civil, como ciudadanos, y al hilo de la penosa gestión hasta ahora de los Fondos Europeos, volvemos a demandar transparencia, agilidad, compromiso y, por encima de todo, consenso político. No puede ser que la mayor inyección de dinero público aportado desde Europa a España para transformar nuestra economía y nuestra sociedad sea otra vez campo de batalla política, sectarismo, ineficacia y pérdida de oportunidades.

Miguel Isaacs Abril CEO de Bantec y miembro del think tank Institución Futuro

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