El Debate de Navarra, 13 de octubre de 2007
Julio Pomés, Director de Institución Futuro
El modo de legislar Navarra es una materia delicada porque configura nuestro futuro. Hace unas semanas 32 de nuestros parlamentarios (un 64% de la Cámara) decidieron profesionalizarse, es decir, que si hasta ahora recibían unas dietas por la asistencia a las sesiones de la Cámara, ahora percibirán una retribución fija y periódica. El coste para los contribuyentes de esa nueva modalidad laboral es de 1,75 millones de euros. Merece la pena recordar que el presupuesto del Parlamento foral tras el nuevo sistema retributito supondrá más de 17 millones de euros.
Son muchos los ciudadanos que sospechan que la mayoría de nuevos profesionales han elegido este estatus porque el nuevo salario (51.000) es más elevado que la retribución de su anterior situación laboral. ¿Estaremos mejor atendidos ahora? ¿Es rentable para Navarra este aumento de gasto? La respuesta es clara: todo depende de la eficiencia con la que trabajen. He recogido impresiones temerosas de las consecuencias de esta mayor dedicación que me han animado a sugerir cómo trasformar lo que puede ser un gasto inútil en una inversión rentable.
Merece la pena revisar las Cámaras superiores para luego sugerir propuestas para la nuestra. Comenzaré aludiendo al Parlamento Europeo. Esta institución se caracteriza por su exuberante y compleja fecundidad de disposiciones comunitarias, lo que en la práctica implica que mucho de lo que promulga no se cumpla. También el Congreso y el Senado son máquinas imparables de producción legislativa. Además, cada vez que cambia el partido que sustenta al Gobierno, los nuevos se sienten en la obligación de enmendar a los anteriores y exhiben una proliferación reguladora asombrosa. Nuestras Cortes aprovechan poco lo ya legislado en Europa. En ocasiones, incluso su jurisprudencia resulta duplicativa, incoherente o incompatible con la establecida en Estrasburgo.
Recordemos que además de esos dos niveles legislativos citados, están el municipal, el supracomunitario y una cabalgata de organismos autónomos como el Tribunal Superior de Defensa de la Competencia y las Comisiones nacionales del Mercado de Valores y de la Energía. La gran cantidad de instancias legales forma una gran maraña legislativa que impone una burocracia paralizante. Su coste representa un 6% del PIB empresarial español (a Finlandia le cuesta el 1%).
Los párrafos anteriores muestra que tenemos tanta legislación sobre nuestras cabezas que el esfuerzo de sus forales señorías debiera centrarse en aligerarla. Éste puede ser su mejor trabajo. La Comunidad foral puede adquirir la ventaja competitiva de menores costes de regulación si se desprende de las normas innecesarias y se gobierna básicamente con la jurisprudencia superior y con la legislación autonómica más compatible con la de otras regiones. Por supuesto que en los temas fiscales y en todo lo singular de nuestro Amejoramiento foral habrá que seguir haciendo doctrina propia pero, en lo que no nos caracteriza, mejor no complicarnos la vida con normas propias. El ejemplo de lo que no hay que hacer es Cataluña, donde la agobiante legislación ha frenado las inversiones, justo lo contrario de lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid.
La profesionalización del Parlamento debiera implicar un mayor esfuerzo para descubrir lo que ya han legislado otros antes que nosotros y además ha mostrado una probada eficacia. Lo que de verdad esperamos los navarros de las profesionalizadas señorías es que contribuyan a mejorar la competitividad de nuestra tierra. El reto debiera ser que convirtieran a Navarra en la región menos burocrática de Europa.
Hoy el sentido moderno de legislar tiene una única meta: eliminar todo intervencionismo que no sea imprescindible. La inteligencia legislativa se demuestra liberalizando sectores, haciendo más simples los procesos, no solapándose con lo que pueden promulgar otras Cámaras, teniendo la humildad de asumir la jurisprudencia estatal idónea y ahorrando tiempo de comparecencias y mociones innecesarias.
Una región es más libre, más moderna y más competitiva cuando es capaz de regirse con muy pocas, pero a su vez, muy buenas leyes. Una amenaza a la libertad de la sociedad civil es una obsesión reguladora que, bajo la apariencia de velar por nuestro bienestar, lo secuestra al frenar la iniciativa personal y ahogar el espíritu emprendedor. Espero que su profesionalización sirva para disminuir la espesa jungla legislativa de tantos organismos reguladores. Si lo hacen, sus honorarios serán una inversión para el futuro de nuestra tierra que todos los navarros agradeceremos.
Merece la pena revisar las Cámaras superiores para luego sugerir propuestas para la nuestra. Comenzaré aludiendo al Parlamento Europeo. Esta institución se caracteriza por su exuberante y compleja fecundidad de disposiciones comunitarias, lo que en la práctica implica que mucho de lo que promulga no se cumpla. También el Congreso y el Senado son máquinas imparables de producción legislativa. Además, cada vez que cambia el partido que sustenta al Gobierno, los nuevos se sienten en la obligación de enmendar a los anteriores y exhiben una proliferación reguladora asombrosa. Nuestras Cortes aprovechan poco lo ya legislado en Europa. En ocasiones, incluso su jurisprudencia resulta duplicativa, incoherente o incompatible con la establecida en Estrasburgo.
Recordemos que además de esos dos niveles legislativos citados, están el municipal, el supracomunitario y una cabalgata de organismos autónomos como el Tribunal Superior de Defensa de la Competencia y las Comisiones nacionales del Mercado de Valores y de la Energía. La gran cantidad de instancias legales forma una gran maraña legislativa que impone una burocracia paralizante. Su coste representa un 6% del PIB empresarial español (a Finlandia le cuesta el 1%).
Los párrafos anteriores muestra que tenemos tanta legislación sobre nuestras cabezas que el esfuerzo de sus forales señorías debiera centrarse en aligerarla. Éste puede ser su mejor trabajo. La Comunidad foral puede adquirir la ventaja competitiva de menores costes de regulación si se desprende de las normas innecesarias y se gobierna básicamente con la jurisprudencia superior y con la legislación autonómica más compatible con la de otras regiones. Por supuesto que en los temas fiscales y en todo lo singular de nuestro Amejoramiento foral habrá que seguir haciendo doctrina propia pero, en lo que no nos caracteriza, mejor no complicarnos la vida con normas propias. El ejemplo de lo que no hay que hacer es Cataluña, donde la agobiante legislación ha frenado las inversiones, justo lo contrario de lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid.
La profesionalización del Parlamento debiera implicar un mayor esfuerzo para descubrir lo que ya han legislado otros antes que nosotros y además ha mostrado una probada eficacia. Lo que de verdad esperamos los navarros de las profesionalizadas señorías es que contribuyan a mejorar la competitividad de nuestra tierra. El reto debiera ser que convirtieran a Navarra en la región menos burocrática de Europa.
Hoy el sentido moderno de legislar tiene una única meta: eliminar todo intervencionismo que no sea imprescindible. La inteligencia legislativa se demuestra liberalizando sectores, haciendo más simples los procesos, no solapándose con lo que pueden promulgar otras Cámaras, teniendo la humildad de asumir la jurisprudencia estatal idónea y ahorrando tiempo de comparecencias y mociones innecesarias.
Una región es más libre, más moderna y más competitiva cuando es capaz de regirse con muy pocas, pero a su vez, muy buenas leyes. Una amenaza a la libertad de la sociedad civil es una obsesión reguladora que, bajo la apariencia de velar por nuestro bienestar, lo secuestra al frenar la iniciativa personal y ahogar el espíritu emprendedor. Espero que su profesionalización sirva para disminuir la espesa jungla legislativa de tantos organismos reguladores. Si lo hacen, sus honorarios serán una inversión para el futuro de nuestra tierra que todos los navarros agradeceremos.