Todas las guerras han sido siempre rentables para algunos sectores de la economía. Antes, los que hacían fortuna con las desgracias ajenas eran algunos comerciantes y contrabandistas, auténticos desaprensivos, a quienes no les importaba la causa o el rey por el que se luchaba, sino el afán de lucro. Ahora, la guerra que estamos viviendo con tanta preocupación es distinta en muchos aspectos. El primero es que no es un conflicto localizado sino global. Es la guerra del terror, a la que nadie es inmune. Aunque el cáncer iraquí se apague, otras metástasis seguirán apareciendo en cualquier sitio y momento.
Otra peculiaridad es la industria que mueve el terrorismo. Su finalidad preventiva prevalece sobre la destructiva. La ansiedad por la seguridad en la mayoría de los ciudadanos está obligando a que todas las naciones gasten lo que haga falta en medidas de precaución. Se diría que frente a la batalla violenta coexiste otra paralela, no exenta de tensión: la de evitar atentados.
La guerra de Irak y el terrorismo demandan unos equipos sofisticados que superan la capacidad de las factorías de armamento tradicional.
Ahora hace falta un nivel de tecnología impresionante, lo que exige una I+D+i que supera la que pueden proporcionar los laboratorios ligados a los Ministerios de Defensa. De ahí que la guerra está despertando oportunidades para las empresas tecnológicas.
Las industrias que más se están beneficiando de la guerra contra el terror son: comunicaciones terrestres y por satélite, equipos informáticos, software, medicina, farmacia y tejidos. La inversión en aparatos y programas para mejorar la seguridad tendrán en el futuro otras aplicaciones comerciales que harán más rentable la investigación. El Departamento de Defensa norteamericano ha empleado en el último año 27 millardos en información tecnológica, un 50% más que lo que gastó en 1999. Ese porcentaje irá creciendo si hacemos caso de la información publicada en National Defense, revista que prevé que, aunque el 80% de las comunicaciones se hacen a través de los 232 satélites comerciales, se construirán 113 satélites militares más en la próxima década con un coste de 42 millardos.
La política de defensa actual exige la máxima rentabilidad de los recursos públicos. Esta razón ha llevado a que el ejército subcontrate algunas de sus misiones a sociedades comerciales.
Así, parte de las personas encargadas de las prisiones no son militares sino trabajadores privados. Peter W. Singer, investigador del think tank Brookings Institution es el autor de un polémico estudio: Corporate Warriors: The Rise of the Military Industry.
Este informe estima que los contratos privados con los militares son superiores a los 100 millardos de dólares incluyendo varios cientos de compañías de más de un centenar de países. Hay más de cien mil guardas de seguridad (civiles) y miles de trabajadores construyendo las infraestructuras que el ejército necesita. Esos operarios sacan adelante un 30% de los servicios.
Externalización y confidencialidad
Singer divide en tres categorías los servicios militares privatizados.
En primer lugar están las provider firms que proporcionan una asistencia táctica militar que va desde el entrenamiento hasta técnicas de combate en el frente. Le sigue las Consulting firms, en las que trabajan militares de alta graduación retirados que aportan su experiencia estratégica y administrativa para la estipulación de los contratos. Finalmente las support firms, quienes proporcionan los servicios de mantenimiento e intendencia al ejército para que éste concentre toda su energía en el combate. Uno de los mayores problemas de los norteamericanos en Irak es la insuficiencia de trabajadores civiles de apoyo a los militares, contrariedad que se está agravando por los secuestros.
Hay muchos políticos y expertos que están preocupados con tanta externalización de funciones e investigaciones que antes eran exclusivas del ejército. El área que más inquietud levanta es el de la alta tecnología de las armas químicas, biológicas y nucleares, conocimiento en el que el ejército necesita la asistencia de laboratorios científicos ajenos.
Aunque los contratos de los centros de investigación privados con las autoridades militares tienen unas cláusulas restrictivas que salvaguardan la información, el riesgo a una fuga de información estratégica es mayor que cuando la custodian los militares.
Al margen de esos avances tecnológicos en la prevención que trae la guerra contra el terror, hay un remedio mucho mejor para salvaguardar nuestra seguridad: una educación de los niños y adolescentes que desarrolle el valor de la paz en sus conciencias. Evitar que fanáticos y fundamentalistas entren en las escuelas debiera ser una prioridad en los gobiernos de los países que generan terroristas.