Expansión, 27 de marzo de 2004
Julio Pomés, Director de Institución Futuro
Una liberalización inadecuada puede lastimar la calidad del servicio de nuestra asistencia farmacéutica y convertir al medicamento en un bien de consumo.
Una liberalización inadecuada puede lastimar la calidad del servicio de nuestra asistencia farmacéutica y convertir al medicamento en un bien de consumo.
Hace unos días el Tribunal Constitucional avaló la Ley Foral (navarra) de Atención Farmacéutica que supone la acción más contundente llevada a cabo en España para intentar liberalizar las oficinas de farmacia. Es el momento oportuno para hacer balance del modelo planificador navarro y sacar conclusiones para el resto del Estado. La nueva Ley permite la apertura de nuevas oficinas siempre que no se supere la proporción de una botica por cada 700 habitantes, y que la distancia entre dos oficinas sea superior a los 150 metros. Las medias nacionales de de esos parámetros están en 2800 habitantes por municipio y 250 metros. El Consejero que propuso la Ley tenía un proyecto inicial más innovador que no pudo llevar a cabo.
La consecuencia ha sido que en Navarra hemos pasado de 309 boticas a 544 y que han cerrado algunas oficinas rurales poco rentables, privando a sus lugareños de este servicio. En algún caso se ofrecía una botica gratis en el principal periódico local, lo que mostraba que ser farmacéutico en la Comunidad Foral puede ser ahora un mal negocio. La mayoría de las nuevas farmacias son pequeñas, están atendidas por una única persona, son menos rentables de lo que venían siendo y han servido para lograr el autoempleo. Citaré algunas enseñanzas que nos deja la puesta en funcionamiento del sistema navarro.

La enseñanza navarra
En primer lugar la apertura debiera concederse mediante el baremo de unos méritos objetivos que garanticen el ejercicio de la profesión sanitaria. Cuando el número de farmacias posibles es limitado la Administración debe adoptar un criterio de selección distinto al del orden en la fila de demandantes, cola que en el caso navarro duró tres días. Tener un título no es suficiente; hace falta además acreditar que los conocimientos estén actualizados para que nuestra salud no se resienta.
Soy un firme partidario de la liberalización, como también lo soy de que un sistema que ha estado regulado durante siglos, no se puede cambiar completamente de la noche a la mañana y atropellar a los que les sorprenda en un proceso de adquisición. Una desregulación correcta exige un período de adaptación que permita una transición sin perjuicios para nadie. Recuerdo un joven farmacéutico que, justo una semana antes de que se aprobara la citada ley, se endeudó para adquirir una farmacia en un municipio de 3500 habitantes. A los pocos meses se instalaron tres farmacias más que han arruinado de por vida a ese titulado. Si las farmacias dejan de ser rentables, sus titulares, para sobrevivir, pueden caer en la tentación de inducir al consumo.

Farmacéuticos de ‘cabecera’
Es innegable que, junto con la enfermería, el “farmacéutico de cabecera” es el gran colaborador del médico, al que le ahorra un gran trabajo, con la diferencia que no cobra por sus servicios. Las farmacias reciben 102 pacientes al día, de los que uno de cada tres tan sólo busca consejo. El asesoramiento sanitario de las farmacias alcanza los 182 millones de actuaciones, genera un ahorro de 1740 millones de euros al año y reduce un 26% las visitas al médico. La liberalización es una tendencia imparable, pero debe llevarse a cabo con mucho cuidado, pues el actual sistema funciona bien, y una intervención torpe puede causar un deterioro en el funcionamiento. Dos errores que deberían evitarse son permitir la dispensación de medicamentos en hipermercados, que convertirían al medicamento un bien de consumo, y poner a los fármacos un precio máximo en lugar de un precio fijo. Ambas medidas perjudicarían la calidad del servicio. Un modo de perfeccionar el actual sistema en esas farmacias con mucha carga de dispensaciones es el obligar a que haya un número de titulados proporcional a la facturación como garantía de atención, y que los salarios de los adjuntos sean más dignos que los actuales.

El ahorro pasa por el co-pago
Este artículo complementa a los publicados en estas páginas el 7 de junio y el 13 de septiembre. La principal conclusión que brindo a los políticos para que optimicen el impresionante gasto sanitario es que, si quieren ahorrar, no lo hagan a costa de ‘atornillar’ a los laboratorios y a los farmacéuticos, pues los primeros no invertirán en investigación y los segundos acabarán dando un mal servicio. Lo que tienen que hacer nuestros representantes públicos es ponerse de acuerdo, dejar a un lado el clientelismo electoralista y establecer un copago de un 10% a los pensionistas de rentas medias y altas. La prueba de la eficacia de esta medida está garantizada: comparen los costes de los pensionistas que tienen co-pago (los funcionarios civiles y militares de MUFACE e ISFAS) frente a los del Régimen General de la Seguridad Social.

Institución Futuro
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