La universidad como institución es una pieza clave para que la sociedad se desarrolle y se modernice. Hay pocas personas que puedan estar en desacuerdo con esta afirmación, puesto que la función de estos centros educativos es reconocida por todos como imprescindible, más ahora en plena sociedad del conocimiento. Por lo tanto, el objetivo de todas las universidades debería ser lograr la mejor calidad tanto en el aspecto docente como el investigador, pero ¿lo consiguen?
Un reciente estudio del Instituto de Análisis Industrial y Financiero (IAIF) de la Universidad Complutense de Madrid analiza la docencia y la investigación en las 69 universidades presenciales de España. Encabeza el ranking la Universidad de Navarra, que con 57 años de vida ha conseguido las mejores puntuaciones (100) en aspectos como los recursos humanos, la dotación de medios informáticos (gasto por alumno matriculado y apoyo informático por cada mil estudiantes), rendimiento académico, disponibilidad bibliográfica y resultados de doctorado en lo que a docencia se refiere, y recursos financieros por investigador, patentes, tesis y proyectos de I+D respecto a la investigación. En la Universidad de Navarra se pueden cursar 42 titulaciones de grado y más de 300 programas de posgrado en diez Facultades, dos Escuelas Técnicas Superiores y una Escuela de Negocios (IESE), entre otros centros e instituciones. La Universidad Pública de Navarra, fundada en 1987, se encuentra en el puesto 17, con un total de 54 puntos sobre cien, con una mayor calificación en el aspecto docente que en el de investigación.
Puede decirse que ambas entidades han obtenido unos buenos resultados que, con toda seguridad, ayudarán a que nuestra sociedad esté mejor formada y que ésta puede generar una mayor riqueza para nuestra región.
El estudio apunta además algunas recomendaciones para poder mejorarla calidad universitaria. Con respecto a la docencia, se requiere un sistema más exigente con un control de calidad continuo y obligatorio. Según éste, “la evaluación de la docencia es una opción, no es obligatoria y sus resultados no se publican de forma individualizada”, lo que en la práctica incentiva al profesorado a dedicarse con más ímpetu a las tareas investigadoras en detrimento de las docentes. Además, se aboga por establecer incentivos financieros que discriminen las instituciones académicas en función de su productividad y su calidad.
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