Es difícil determinar cuáles son las principales preocupaciones de los ciudadanos españoles y navarros, y más en una sociedad pluri informada, muchas veces con escasa profundidad. En todo caso hay datos objetivos que permiten asegurar que hay ciertos aspectos que no funcionan adecuadamente para nuestras sociedades. A día de hoy, y de entre todas ellas, la crisis del sistema de salud pública en España y en Navarra es quizá la más acuciante.
Por encima de todo, el mayor avance del estado de bienestar en Europa durante el siglo XX, y su traslación a este siglo XXI ha sido la sanidad universal, sustentada con recursos públicos y gratuita para sus perceptores directos. Este esquema de triple paradigma, que no ha quebrado, debía complementarse con un adjetivo inseparable: un servicio público de excelente calidad.
Las recientes huelgas de los profesionales sanitarios a lo largo y ancho del país han llevado el foco única y exclusivamente hacia las condiciones laborales y retributivas de médicos y enfermeras. Cualquier persona informada y con criterio puede deducir de inmediato que la crisis del sistema sanitario no se va a resolver únicamente con subidas de sueldos o descarga de tensiones en las consultas, por necesarias que sean. Si así fuese, habría que reconocer que estos profesionales sanitarios habrían estado en huelga de celo durante meses, erosionando el servicio público, a la espera de la mejora de sus intereses particulares y que, una vez resueltos estos, el sistema de Salud pública volverá a la excelencia de hace pocos años. Es evidente que esto no va a ser así.
Adicionalmente, otro mantra mediático permanente es que no hay médicos suficientes en España lo cual, salvo que las previsiones sean nefastas -cosa que puede ser- se desmonta todos los meses de febrero de cada año, cuando sistemáticamente hay más aspirantes a plazas de MIR que número de plazas ofertadas por el sistema de Salud. Es decir, hay más oferta de médicos titulados que plazas necesarias en el sistema nacional de salud. El problema viene, en el caso de la Comunidad Foral, en que no quieren venir aquí.
Y para concluir el mito, salvo que se demuestre lo contrario, de la falta de recursos económicos. Solo en Navarra en 2022 el Gobierno gastó más de 1.300 millones de euros en el departamento de Salud, es decir, más de 2.000 euros al año por cada navarro, anciano, adulto, joven o niño. Este gasto supuso en 2020 el 6,3% del PIB, frente al 6,9% de media de todas las CCAA. Merece la pena destacar que si bien el 70% del gasto sanitario corresponde a las enfermedades crónicas, brilla por su ausencia una apuesta decidida por invertir de verdad en prevención con una adecuada dotación presupuestaria. Tampoco parecen estar sobre la mesa aspectos como la rendición de cuentas o herramientas de gestión que llevan ya mucho tiempo funcionando en el sector privado.
Se deduce, por tanto, que la actual crisis del sistema de Salud en Navarra solo se puede atribuir a una mala gestión. Los ciudadanos lo perciben, como no podía ser de otra manera: el Barómetro Sanitario publicado recientemente por el Centro de Investigaciones Sociológicas indicaba que la satisfacción de los navarros con el sistema sanitario público cayó en 2022 hasta el séptimo puesto de todas las regiones, cuando años anteriores había sido líder.
Desde Institución Futuro siempre recalcamos que los gobiernos emanan del pueblo, y que los recursos económicos que gestionan son nuestros impuestos. Por tanto los gobiernos tienen la obligación de dar respuesta a nuestras demandas sociales, pues para eso están. Pero mientras la salud pública en Navarra se desangra en sus listas de espera, todo el problema sanitario para algunos políticos se ha reducido a las mascarillas de Sodena. El sistema sanitario navarro cuenta con más de 11.000 profesionales altamente cualificados cuya gestión, ahora dentro de la función pública, debiera tomarse muy en serio.
Desde el think tank tenemos una demanda: que los Gobiernos de Navarra y de España, y el Congreso de los Diputados y el Parlamento Foral atiendan realmente a sus obligaciones constitucionales, es decir, atender de forma prioritaria las principales demandas ciudadanas. De haber sido así en el pasado reciente, se habrían hecho a un lado todas estas iniciativas absurdas y todas las broncas partidarias y se habrían puesto a trabajar, en serio, por devolver a la ciudadanía un sistema de salud público digno, eficaz y con la excelencia acorde con los impuestos que pagamos.
El día que oigamos a los líderes políticos que van a tomar cartas en el asunto y que van a hacer un gran pacto político que no mire solo a cuatro años vista, el tiempo que dura cada legislatura, para diagnosticar el megaproblema de la sanidad foral y que van a atender y aplicar, sin excusas partidarias u oportunistas, lo que se les proponga… Quizá ese día empecemos a pensar que están cumpliendo con su obligación y respondiendo adecuadamente de los impuestos que pagamos.