Nadie conoce bien cuánto valor para la sociedad genera cada euro de impuestos que pagamos los ciudadanos. Por eso es urgente reflexionar sobre los recursos, las actividades y los resultados de la administración.
En muchos casos, la oferta de los bienes públicos se hace en régimen de monopolio, sin competencia y capacidad de elección, y existen pocos incentivos para la mejora porque como se sabe, el monopolio es la vida tranquila.
La burocracia y normas inflexibles ocupan el espacio de la gestión pública. La administración con su rígida preocupación por las normas, el reglamento y el procedimiento actúa con lentitud y sus servicios homogéneos ya no responden a un mundo que es notablemente diverso.
La administración pública está llena de gente competente atrapada en sistemas ineficientes; herramientas presupuestarias rígidas, políticas de personal poco motivadoras y sistemas de gestión donde el éxito ofrece pocas recompensas y el fracaso ninguna penalización. La orientación y el servicio al ciudadano no se fomentan ni inquieta.
El comportamiento de muchos de los empleados públicos se dirige a cumplir las reglas y pasar desapercibidos. Rutina y resignación son valores en alza frente a innovación y compromiso. Por eso, la administración pública Navarra debe cambiar y responder a las exigencias de distintos, responsables y cada vez más informados ciudadanos.
¿Cómo resolver estos problemas? No es fácil acabar con la inercia y la falta de compromiso. Hay importantes resistencias a los cambios. Pero hay tres principios que las buenas prácticas de gestión pública sugieren aplicar:
Primero, el ciudadano debe estar en el centro del debate. Hay que escuchar a los ciudadanos, darles voz y sobre todo poder, aumentando su capacidad de elección. Hay que extender las encuestas para conocer su satisfacción y sobre todo, diseñar nuevos sistemas de pago para que los ciudadanos podamos elegir y decidamos sobre cómo y dónde queremos recibir los servicios.
Segundo, si queremos obtener buenos resultados, hay que dar más poder de decisión a los empleados públicos, no menos. Como en las empresas, los gobiernos innovadores transforman sus sistemas de gestión, descentralizando capacidad de decisión. Hay que dar más responsabilidad y capacidad de actuación a los empleados públicos, estén éstos en centros educativos o sanitarios y como contrapartida, hacerles responsables de los resultados obtenidos.
Por último, hay que reducir la burocracia e introducir herramientas modernas de gestión. Hay que construir una nueva forma de organizar las actividades. Hay que pasar de sistemas donde se exige a la gente que cumpla el reglamento a otros donde se les demande lograr buenos resultados. Para ello es urgente aumentar la trasparencia y visibilidad de los resultados de los programas que se ejecutan. Hay que fijar objetivos, medir los resultados e incorporar y extender la cultura de la evaluación.
En definitiva, los sacrificios y ajustes que estamos haciendo, deben servir también para repensar el papel y la forma de organizar el espacio público. Necesitamos una administración focalizada y competente. El papel de la administración, los recursos que maneja y los servicios que ofrece son demasiado importantes como para improvisar soluciones, realizar cambios cosméticos o simplemente sucumbir a su inercia.