La libre circulación de personas es uno de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Así, los miembros de la Unión no sólo pueden viajar de un país a otro sin necesidad de llevar el pasaporte (excepto en el Reino Unido e Irlanda, fuera del Acuerdo Schengen), sino que también pueden habitar en cualquier país europeo diferente al propio sin necesidad de poseer un permiso de residencia. Sin embargo, el porcentaje de europeos que ejerce este derecho, es decir, que se traslada a otro país europeo e instala allí su residencia, es inferior al 2%. Así lo pone de manifiesto el estudio elaborado por PIONEUR group , una red internacional de institutos sociológicos fundada por la Comisión Europea.
Existen grosso modo dos tipos de inmigrantes intraeuropeos: los jubilados del norte del continente, que emigran al sur, y los poseedores de estudios y bien preparados, cuyos destinos varían. En conjunto, los jubilados cambian de país de residencia más que los trabajadores. De forma sorprendente, la principal motivación para cambiar de país de residencia está más relacionada con razones familiares que laborales. En otras palabras: los matrimonios o relaciones entre ciudadanos de diferente nacionalidad son la principal razón de la inmigración intracomunitaria, y no la búsqueda de un empleo o los estudios. Los españoles siempre han sido reticentes a cambiar de país de residencia. Excepto en momentos de necesidad, como en los años 50, 60 y 70, cuando hubo grandes flujos migratorios hacia Francia y Alemania, el vivir en el extranjero no se plantea como una posibilidad. Esta actitud, justificada a menudo por el limitado conocimiento de segundas lenguas, esconde a veces una visión del mundo reduccionista. ¿Quizá el aislamiento se deba al temor a lo desconocido o a históricos complejos de inferioridad ante Europa?