La semana pasada se anunció la iniciativa del Ayuntamiento de Pamplona de convocar un concurso para adjudicar la construcción de un mínimo de 163 viviendas protegidas destinadas al alquiler para jóvenes en la Rochapea. Estas medidas, aunque positivas, no abordan las causas de la actual situación del mercado inmobiliario sino sus consecuencias, y por tanto se trata de actuaciones de “parcheo” que no solucionan el problema y cuyo efecto, además, no es inmediato. Para cuando esas viviendas estén construidas, las necesidades sin duda ya habrán aumentado. El mercado de alquileres se encuentra en una situación paradójica.
Navarra es una de las comunidades donde más ha crecido el porcentaje de viviendas vacías y secundarias. Es decir, existen viviendas disponibles pero que no son ofertadas, lo cual restringe la oferta y eleva las rentas. Ante esto, los ayuntamientos ofrecen parcelas “con cuentagotas” que sin duda no resuelven el problema de fondo. Si la Administración analizara las causas de por qué los propietarios no alquilan las viviendas que no utilizan y actuara sobre las mismas, posiblemente el resultado sería más coste-efectivo que estos concursos, que reproducen el “modelo VPO”, no exento de problemas.
No hablamos de obligar a los propietarios a poner en alquiler sus viviendas cerradas ni de incentivarles económicamente, sino de establecer garantías, seguridad, transparencia e incentivos en el mercado de alquileres (tanto para inquilinos como propietarios) de tal manera que éstos tengan incentivo a ofertarlas y los ciudadanos vean el alquiler como una opción viable y atractiva. Los agentes participan en los mercados cuando confían en ellos y existe un marco legal que les proteja. Puede ser discutible, pero el hecho de que los ciudadanos opten por la compra frente al alquiler no se debe tanto a razones culturales como económicas. Bajo otras condiciones e incentivos, muchas personas optarían por el alquiler en vez de esperar con frustración a ver su nombre en las listas de adjudicaciones de VPOs.