En estas semanas se está hablando, y mucho, del gasto público, entendido como el dinero que el Estado destina a satisfacer las necesidades de carácter público en áreas tan diversas como la sanidad, la enseñanza, los servicios sociales, las infraestructuras o la defensa. Estos ingresos se obtienen principalmente por tres vías: a través de la recaudación de impuestos; mediante lo que cada trabajador y su empresa paga a la Seguridad Social; y, en el caso de que los gastos superen los ingresos, con la emisión de deuda pública.
Decimos que últimamente este tema es noticia porque el Gobierno de Navarra ha anunciado que la Hacienda Foral prevé ingresar 109,4 millones menos del gasto público presupuestado. A 31 de mayo de 2009 se había recaudado un 3,18 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. En total, los presupuestos recogen un gasto público para el 2009 de 3.304,4 millones de euros, y las previsiones de ingresos fiscales se quedan en 3.195 millones, un 3,3 por ciento menos. Puesta en el contexto nacional, esta cifra no parece tan negativa: en España, de media, la caída media de los ingresos fiscales se ha situado en el 16 por ciento.
La sanidad es una de las partidas que más dinero público consume. El gasto público por habitante en 2008 fue en Navarra de 7.024 euros, de los cuales 1.436 se destinaron al área sanitaria. Una idea bastante extendida entre los ciudadanos es que los servicios sanitarios se encuentran colapsados, en parte debido al mal uso que de ellos realiza la población inmigrante. Y que si se hiciera un uso más responsable de los mismos, la inversión necesaria en esta área descendería.
Sin embargo, un reciente estudio desmonta esta teoría mediante el análisis de datos cuantitativos. Un equipo de profesionales ha elaborado un informe basándose en las consultas que disponen los seis centros de atención primaria de Navarra con mayor peso de extranjeros (Tudela Este, San Jorge, Milagrosa, Cascante, Peralta y Burlada), que atienden a unos 87.000 pacientes de los cuales casi el 15 por ciento son inmigrantes.
Su principal conclusión es que el 72,4 por ciento de los mismos requirió atención en el centro de salud, frente al 82 por ciento de la población autóctona. Es decir, que en realidad la población inmigrante utiliza menos los servicios de atención primaria que los nativos. Por el contrario, sí se produce una sobrecarga cualitativa en la atención de estos centros, provocada por la nueva demanda que se presenta de forma “desordenada y porque existen mayores problemas de comunicación, no sólo por el lenguaje sino por el denominado relato, que es la descripción completa que hace el inmigrante de toda su situación”.
Así que se deduce que los inmigrantes no son quienes van a condicionar el futuro de la sanidad porque, en conjunto, acuden con menor asiduidad a los centros de salud, como también lo ha demostrado otro informe del Grupo de Atención al Inmigrante de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.
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