Expansión, 9 de febrero de 2008
Julio Pomés, Director de Institución Futuro
“Esa está en el cargo por ser mujer.” Todos hemos oído esa apreciación para desprestigiar, justa o injustamente, a una fémina que ha llegado a un puesto destacado. También la adjudicación del término “ministra de cuota” a algunas miembros del Ejecutivo está muy extendida para criticar su desempeño en el puesto. Estas valoraciones encuentran su justificación en la contraproducente discriminación positiva que se está haciendo de las mujeres.
Viene al caso que hace unos días el Tribunal Constitucional (TC) desestimó un recurso presentado por el Partido Popular contra las listas electorales paritarias de la Ley de Igualdad. Esta Ley establece que como mínimo debe haber un 40% de mujeres y 40% de hombres en las listas electorales. Sorprende que a estos juristas no les hayan convencido las rigurosas investigaciones de Joni Lovenduski y Pippa Noris (State Feminism and Political Representation y Political Recruiment, entre otras) en las que la conclusión principal es que cuando una mujer quiere ser una profesional de la política, sus oportunidades de progresar son similares a las de los varones. Si hay pocas en los cargos es porque el porcentaje de mujeres que se interesan de verdad por la política es muy inferior al de los varones.
Conviene aclarar que el TC no es propiamente poder judicial, sino un órgano constitucional, diferente y separado de aquel y sobre el que ejerce una actividad de supervisión. Lo forman doce miembros de los que ocho los proponen las cámaras legislativas con una mayoría de tres quintos, dos el Gobierno y dos el Consejo General del Poder Judicial. La propia composición introduce la sospecha de su legitimidad, pues diez de sus doce miembros los nombran de facto los partidos políticos, quienes, a diferencia de lo que ocurre en Alemania o Francia, suelen seleccionar a los miembros más por su afinidad política que por su mérito, capacidad y contrastada actitud de independencia. De ahí que con frecuencia, como ha ocurrido otras veces, ese rechazo del recurso puede ser tildado de pro gubernamental.
Si tuviéramos listas abiertas en las elecciones, la desestimación de la Ley de Igualdad no tendría importancia, pero cuando los ciudadanos elegimos partidos políticos estamos en el camino de que la siguiente vuelta de tuerca sea el que la paridad se cumpla no sólo en la lista completa, sino en los puestos con posibilidades de alcanzar escaño, lo que violaría el artículo 21 de nuestra carta magna. Es incomprensible que la condición de hombre o mujer prime sobre el derecho de la persona sin asignación de género. ¿Por qué esos señores, supuestamente demócratas, se empeñan en reducir la elegibilidad de los candidatos y la libertad de los partidos de poner a quienes quieran? ¿Tanto persuade el feminismo machista que impera en el PSOE? O lo que es peor, ¿tanto manda Ferraz?
Mujeres discriminadas
Imponer el igualitarismo desde el poder es el medio más sutil de perjudicar a la mujer, pues hará que su promoción esté siempre bajo la peor discriminación posible: la sospecha de que no la ha logrado por méritos profesionales sino por su condición femenina. En general, las mujeres que han triunfado en el trabajo suelen estar molestas con esta presión igualitaria. A su vez, cuando se prima a una persona por su sexo, en lugar de por su valía profesional, se establece un atajo para competir con ventaja, que desincentiva el esfuerzo de los que no reciben esta prebenda.
Sin duda la mujer tiene más dificultades para elegir el mix de trabajo y familia que le conviene, pues sus potencialidades son más amplias que las de los varones. El mejor modo de ayudar a la mujer no es darle privilegios mediante una ley de cuotas, sino favoreciendo la conciliación familiar para que puedan competir con menos trabas y exista una igualdad de oportunidades. Un sugerente manual para la integración de la vida profesional, familiar y personal es “Dueños de nuestro destino” (Ariel, 2007) de Nuria Chinchilla, la única mujer dentro del Top Ten Management Español. Por último, recordar que el primer defensor de los derechos políticos de la mujer no fue ningún socialista, sino el padre del liberalismo, John Stuart Mill quien, en compañía de su mujer Harriet Taylor, batalló incansable para que las mujeres pudieran votar.