El Gobierno, con sus ambiguos anuncios de regularización, está provocando un profundo desasosiego en buena parte de los que más sufren: los ‘sin papeles’. Nunca como ahora se les había generado tantas expectativas. La frase que se escucha en tanto infortunado es que va a haber ‘papeles’ para todos. ¿Qué pasará con los que ya vivan aquí y que no logren cumplir las condiciones? Sin duda, su decepción será amarga cuando vean que les han engañado. Las mafias marroquíes están teniendo un verano muy rentable. La publicidad de su negocio de muerte se la está haciendo el mismo Gobierno de España mediante tanta frivolidad informativa. También, los servicios de inmigración nacionales y de emigración en los consulados están al borde del colapso; el de Bogotá ha tenido incluso problemas de orden público. Los funcionarios que atienden a las personas en demanda de información no pueden indicarles qué va a pasar, porque no hay nada oficial que decir.
En un tema que despierta tanta alarma social, un gobierno mínimamente sensato debería pactar con la oposición un acuerdo firme, sin filtraciones, y llevarlo al Congreso para su aprobación inmediata por vía de urgencia. Lo peor es hacer declaraciones sin que haya nada legislado. La responsabilidad del sufrimiento y de algunos de los muertos que el ‘efecto llamada’ provoca, recae en los desaprensivos que han despertado esperanzas infundadas.
Los inmigrantes pueden contribuir al desarrollo económico o, si se hace mal, pueden hundir el sistema. Lo óptimo, a medio plazo, es propiciar el desarrollo en los países pobres, lo que evitaría el abandono de la propia nación. A corto plazo, la solución pasa por un plan de acción eficaz que frene la situación explosiva en que nos encontramos.
Según los datos de Eurostat, España acogió a casi 600.000 inmigrantes del 1.680.000 que llegó a la UE. Nuestro gobierno no puede seguir haciendo la vista gorda al descontrol. La sanidad pública está desbordada por la demanda, a veces injustificada, de prestaciones sociales de inmigrantes ilegales. Como no cuesta nada, y además puede servir para acreditar la estancia en España, algunas de estas personas acuden a los ambulatorios y hospitales con más frecuencia de la imprescindible. Incluso hay casos en que familiares de inmigrantes viajan desde sus países exclusivamente para que se les practiquen intervenciones quirúrgicas. Un país no debe mezclar la beneficencia pública de necesidad con la obligación de ofrecer servicios sociales más amplios a los ciudadanos que cotizan a la Seguridad Social. También en la vivienda hay auténticos problemas para alojar dignamente al ingente número de inmigrantes que llegan. Por último, la escolarización de los niños inmigrantes, casi siempre con unas aptitudes menos desarrolladas que los de aquí, está provocando un descenso de nivel de los centros públicos y concertados.
Medidas posibles
La primera medida podría consistir en frenar de inmediato la llegada de nuevos inmigrantes marroquíes, mediante un compromiso que obligue a que el reino alauita se implique de verdad en impedir la salida de las pateras. España ya no puede hacer más para evitar el tráfico. Marruecos debe colaborar si desea tener una relación amistosa con nuestro país. Respecto al contingente que entra como turistas por avión, mucho mayor que el que entra por mar y por tierra, habría que exigirle el visado y comprobar que trae una cantidad de dinero suficiente para garantizar su solvencia económica y que, por lo tanto, no vienen a buscar trabajo.
Lo conveniente con los inmigrantes que ya viven en España es arbitrar un procedimiento que permita la legalización de los que acrediten en un plazo de tiempo corto la posesión de un contrato de trabajo no temporal. Respecto a los que desean venir, lo lógico es que sean seleccionados por los empresarios en los propios países de origen, de acuerdo con el cupo que el Estado establezca. Hacer fuera la selección permitiría un menor coste de su formación laboral que si se hace en España.
La inmigración es un problema europeo. Los que entran en un país de la UE tienen libertad de moverse por el resto de países comunitarios. Italia tiene también un problema similar con Libia y Albania.
Alemania lo tiene con Ucrania y Rusia. Son necesarias tanto la creación de una policía europea con la misión específica de vigilar nuestras fronteras, como un programa de ayuda económica que propicie el desarrollo de las naciones más pobres.
El país que no quiera ayudar por solidaridad, que lo haga para sentirse más seguro. No es bueno considerar a la Unión Europea un cortijo vallado de bienestar que preservar, pues la hambruna, en su desesperación, será capaz de romper cualquier muro. Seamos generosos fuera, pero rigurosos dentro de nuestras fronteras. En inmigración, un Ejecutivo sensato debería pactar con la oposición un acuerdo firme y llevarlo al Congreso para aprobarlo inmediatamente.