Así como el acuerdo programático del Gobierno de Navarra para 2023-2027 no incluía referencia alguna al Tren de Alta Velocidad, una infraestructura crítica para el desarrollo de la región, lo que demuestra el poco interés e impulso que va a tener esta legislatura, el acuerdo sí menciona la fiscalidad. En el capítulo específico de Hacienda, Recursos Públicos y Fiscalidad se recoge, literalmente, que “aprovechando nuestro autogobierno en materia fiscal vamos a seguir apoyando a las empresas que invierten, que emprenden, que crean valor, empleo de calidad y que contribuyen a generar un ecosistema innovador y sostenible”.
Pero como suele decirse, obras son amores. Y resulta paradójico que ese objetivo de apoyar a las empresas lo realice el mismo Gobierno que durante la pasada legislatura (2019-2023) ha situado a Navarra en una posición de clara desventaja respecto al resto de regiones españolas. No lo digo solo yo, lo dicen diversas asociaciones empresariales que llevan años reclamando un modelo fiscal atractivo, con la libertad propia de Navarra que ofrece el Fuero. La Comunidad Foral cuenta con el tipo de impuesto de sociedades más elevado de todas las regiones, del 28% frente al 24% del resto, lo que la coloca en una situación de competitividad fiscal muy desfavorable. ¿Cómo se van a conseguir establecer incentivos que creen y atraigan actividad y riqueza, que generen inversión y creación de empleo y que prioricen también la inversión en I+D+i, si estamos peor que nuestros vecinos?
Viene siendo habitual que el incremento de recaudación fiscal se obtenga vía aumento de tributos, creación de otros nuevos o, como este último año, aprovechándose de la inflación. Para algunos no ha lugar plantear rebajas de impuestos, apelando a la insostenibilidad de las finanzas regionales de llevarlas a cabo. Pero poco se piensa en aumentar la recaudación incrementando las bases imponibles: para ello, la generación de empleo de calidad resulta clave. Y desde luego nadie piensa en plantearse la reducción del gasto público, mucho del mismo claramente innecesario en estos momentos.
En este sentido, el citado acuerdo programático también apuesta por “una fiscalidad justa y progresiva orientada a garantizar la suficiencia de los fondos públicos buscando un equilibrio entre la imposición al capital y al trabajo”. Nadie en su sano juicio podría plantear lo contrario: las cuentas han de cuadrar, pero no a costa de exprimir al contribuyente. A este respecto, se echa en falta una revisión integral del gasto público para mejorar su calidad y su eficiencia.
La Administración Pública Navarra ha de ser un modelo de excelencia aprovechando al máximo los recursos que emplea para mejorar el servicio que ofrece a los contribuyentes y ser lo más eficiente posible. En ese contexto, hay que seguir recordando que el dinero público es de todos y que más gasto, por sí mismo, no significa mejor servicio. Quienes no están de acuerdo con esta afirmación defienden el aumento de gasto a toca costa, con muy poco rigor, y así se ha demostrado en los últimos años, con un presupuesto no financiero para 2023 de más de 5.200 millones de euros, casi un 50% más que en 2016.
El auto-denominado Gobierno del Progreso debería estar obligado a introducir herramientas que evalúen la eficiencia individual y de los distintos servicios ofrecidos, así como mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. No hay mayor progreso que hacer más con menos. Para seguir gastando cada año más no hace falta ser progresista. Solo habiendo realizado previamente ese ejercicio se justificaría el poder plantearse el aumentar los impuestos. En mi opinión, es urgente y obligatorio que en los Presupuestos Generales anuales Navarra se priorice el ajuste presupuestario y la reducción de la deuda pública. Pero no se molesten en buscar estos aspectos en el acuerdo programático, no los hallarán.
Según cálculos de Fedea, el gasto autonómico en intereses de deuda se va a disparar hasta 2026, debido a que las haciendas autonómicas han de renovar la deuda que emitieron con intereses reducidos. En el caso de Navarra, pasará de 66 a 92 millones de euros de intereses. Suma y sigue. Se necesita contar con cierto colchón fiscal que permita responder ante la posibilidad de una nueva crisis económica o de la subida de tipos de interés como la que estamos viviendo.
Por último, quisiera recordar las simulaciones realizadas por el Consejo General de Economistas, sobre la premisa de un contribuyente con rentas de trabajo, soltero, menor de 65 años y sin hijos. Éstas muestran que Navarra es la región donde más IRPF pagan las rentas de hasta 20.000 euros, la segunda más elevada para rentas de hasta 45.000 euros, la primera para rentas de hasta 70.000 € y la tercera para rentas de hasta 110.000 euros. Por el contrario, Madrid y las tres provincias vascas son las regiones donde menos IRPF hay que abonar.
Solo puedo esperar que el Gobierno de Navarra avance más allá del acuerdo programático y acometa las reformas que los ciudadanos llevamos tanto tiempo reclamando para poder tener la Administración Pública y los servicios que los contribuyentes merecemos.