Esta semana se ha presentado un polémico estudio que analiza la calidad de los sistemas sanitarios de un total de 33 países, entre los que se incluye España. En este ranking, elaborado por Health Consumer Powerhouse, nuestro país ocupa el puesto 21, tres por debajo que en el año 2008.
La conclusión respecto a los servicios sanitarios en España es que el sistema de salud se deteriora año tras año y rinde muy por debajo de lo que cabría esperar. “La sanidad pública española parece incapaz de desarrollar una estrategia que mejore el acceso a los servicios que ofrece, así como su calidad, lo que explica el gran desarrollo que ha sufrido el sector privado en los últimos años”.
El informe ha levantado polvareda sobre todo en los países que han salido peor parados. El Ministerio de Sanidad español ha echado por tierra la credibilidad del mismo alegando que carece de metodología contrastada y que se enfoca este servicio “como un negocio, y no como un derecho”. Por el contrario, los países que encabezan el ranking, Holanda y Dinamarca, no han restado credibilidad al mismo.
A priori, resulta chocante la razón esgrimida por el Ministerio de Sanidad para restar credibilidad al informe: sobre la base de que la sanidad es un derecho universal, ¿no debería evaluarse su calidad precisamente con algunos criterios empresariales para que su productividad mejore? Una de las cosas que más se echa en cara a los Gobiernos y a los servicios públicos que ofrecen es que, debido a la falta de competencia, los criterios de medición de la calidad de los servicios son débiles. Por lo tanto, a la Administración no debería asustarle el que se la juzgue y evalue, aunque eso sí, teniendo en cuenta su condición de entidades públicas.
Si hablamos de Navarra, Institución Futuro elaboró hace un tiempo dos informes estudiando las opiniones y actitudes de los navarros hacia la sanidad. Los resultados indicaban que la sanidad pública de la Comunidad Foral estaba bien valorada por sus usuarios (obtenía una media de notable), aunque éstos creían que la calidad había descendido en los últimos años. Las opiniones más negativas se referían a las listas de espera.
El 14 de septiembre de este año el Gobierno de Navarra aprobó el proyecto de Ley Foral de las Cuentas Generales de Navarra de 2008. En él se especifica el gasto medio realizado por la Administración Foral por habitante: 7.095 euros, y de ese total la mayor parte correspondió precisamente a la partida de sanidad (1.469 euros).
Resultaría muy positivo comparar la inversión realizada por habitante por cada Comunidad Autónoma en el área sanitaria y la satisfacción de sus usuarios. Al fin y al cabo, los usuarios son los clientes o consumidores -por utilizar términos al mundo de la empresa- de dicho servicio.
Leer más