El enorme flujo de inmigrantes que los países occidentales reciben en los últimos años no parece disminuir, al menos en el corto y medio plazo. Las economía maduras necesitan la incorporación de extranjeros para cubrir los puestos de trabajo que los nacionales ya no desempeñan. Por otro lado, mientras no mejoren las condiciones de los países de origen, será muy difícil frenar la inmigración. Por ello, el esfuerzo de los gobiernos está ahora centrado en gestionar los flujos migratorios. Quizá uno de los asuntos más problemáticos es el control de la inmigración ilegal.
Este fenómeno es el que sobre todo desbarata las políticas y previsiones de los Estados. Y asimismo, parece ser uno de los principales causantes del ascenso de la xenofobia en los países receptores. Las distintas medidas adoptadas por los gobiernos de los países ricos para frenar la inmigración ilegal no han ofrecido hasta ahora resultados plenamente satisfactorios. El Institute for Public Policy Research ha publicado un pequeño informe en el que analiza la cuestión.
El estudio Irregular Migration in the UK examina los rasgos de la inmigración ilegal en el Reino Unido, y los compara con la situación de otros países. Asimismo, comenta las políticas llevadas a cabo por los gobiernos de Gran Bretaña, Estados Unidos y España. Entre sus conclusiones está la idea de que ninguna política por sí misma es capaz de controlar completamente la inmigración ilegal. En especial, no aconseja las medidas de carácter represivo. A su juicio, lo único que consiguen es que las condiciones de los inmigrantes ilegales sean aún más precarias. Eso incrementa los desequilibrios sociales y la vida al margen de la comunidad. Por el contrario, el informe afirma que experiencias como la regularización ejecutada en España tienen efectos más positivos que negativos. Más allá de provocar el efecto llamada, favorecen la integración de los inmigrantes en el sistema económico y social.