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En una sociedad donde el fraude fiscal es importante, el primer paso debe ir dirigido a corregirlo y un ajuste fiscal a la baja ayuda a conseguirlo.

 

El Gobierno de Navarra ha anunciado la creación de un comité de expertos en materia tributarias. El objetivo, muy loable, es el de fortalecer el sistema fiscal navarro, hacerlo más eficiente y modernizarlo para adaptarlo a los retos presentes y futuros. El hecho de que se plantee este comité resulta muy positivo porque implica que esta materia se considera relevante para la gestión pública. No podemos estar más de acuerdo.

 

La fiscalidad tiene impacto directo en los bolsillos de los contribuyentes, ciudadanos y empresas, y de su recaudación dependerá que se puedan financiar los diferentes servicios públicos. La fiscalidad puede favorecer la competitividad de una región, fomentar el emprendimiento y la innovación, apoyar el desarrollo tecnológico, atraer y retener talento e inversión… o todo lo contrario.

 

En los últimos años los navarros hemos sido testigos de cómo la autonomía fiscal de la Comunidad Foral era empleada no para favorecer los aspectos antes mencionados, sino como herramienta meramente recaudatoria. Entender la fiscalidad solo con esa función es peligroso, pues implica ver al contribuyente como un pagador. Y existiendo como existe el consenso de que hay que pagar impuestos, los ciudadanos podemos exigir a nuestros dirigentes mucho más. Como recordaba en su día Ronald Reagan, “El contribuyente es una persona que trabaja para el Gobierno, pero sin haber hecho las oposiciones a funcionario”.

 

Como decía, el que se vaya a crear un comité de expertos para analizar el sistema fiscal navarro actual es positivo. Se dice que van a comenzar por el impuesto de sociedades evaluando los beneficios fiscales en la búsqueda de la eficacia económica, la equidad y la suficiencia. Para ello tendrán en cuenta las tendencias internacionales y el contexto europeo. ¿Y quiénes van a ser los citados expertos? Estos van a ser propuestos por las siguientes entidades: Universidad Pública de Navarra, Universidad de Navarra, Colegio de Economistas de Navarra, Colegio de Abogados de Navarra, Asociación Española de Asesores Fiscales y la Hacienda Foral de Navarra. Además, aunque en un primer momento no figuraban, desde el Gobierno se ha anunciado que se va a contar con las empresas, con los empresarios. No podía ser de otra forma. Ellos son los que se van a ver directamente afectados por este tributo. Ellos son los que invierten y crean empleo.

 

A ellos habrá que preguntarles qué es lo que necesitan para poder crecer en resultados y en tamaño, para reinvertir los beneficios obtenidos y así poder generar empleo, para fomentar el emprendimiento, para atraer y retener talento, para hacer la región más competitiva… Hay que consultar a todos los implicados para que las conclusiones que de allí se obtengan sean consensuadas, resulten factibles y ayuden a mejorar la prosperidad de la región y de sus habitantes.

 

En esta línea merece la pena recordar que, en los Presupuestos Generales de Navarra del 2021, se incrementó la dotación respecto a años anteriores para el Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado. Esta medida, aplaudida en su momento por Institución Futuro, resulta más efectiva y justa en el corto plazo para incrementar los ingresos, en vez de por la vía de aumento de la tributación. Una fiscalidad excesivamente alta ayuda a que el fraude fiscal aumente. Una bajada de impuestos todo lo contrario. Una subida de impuestos puede incrementar la recaudación pero solo en el muy corto plazo. En una sociedad donde el fraude fiscal es importante, el primer paso debe ir dirigido a corregirlo y un ajuste fiscal a la baja ayuda a conseguirlo.

 

El reto que afronta el Gobierno de Navarra es enorme. La crisis global del coronavirus ha hecho aún más visibles los problemas estructurales de la comunidad. Y uno de ellos es, precisamente, el fiscal. Navarra compite a nivel global, no solo con los sistemas tributarios de las distintas CCAA, sino de los distintos países. Según el indicador de Presión Fiscal Normativa elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, y considerando la UE como base 100, España en su promedio se sitúa en 110 puntos. Madrid y las tres provincias del País Vasco, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa son los únicos cuatro territorios que obtienen mejores resultados que el promedio de la Unión Europea. Navarra no se encuentra en una buena posición –peor que la media nacional y de la UE, con 115 puntos.

 

La Comunidad Foral tiene ante sí una gran oportunidad: posee el instrumento de la fiscalidad que debe usarse con inteligencia para estimular la actividad económica y empresarial, es decir, atraer inversión y generar empleo. Sin olvidar que, además de emplearse para financiar adecuadamente los servicios públicos, se debe exigir que estos servicios funcionen con la mayor eficiencia posible para pagar lo que sea necesario y no más. Con estas premisas se elevará el bienestar social y la llegada de más rentas a ciudadanos, empresas y Administración. Ojalá el Gobierno escuche a los implicados y plantee reformas lógicas que resulten útiles para todos.


José María Aracama Yoldi Presidente del think tank Institución Futuro

Institución Futuro
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