Navarra se está convirtiendo en una tierra donde cada vez más personas aspiran a ser funcionarias. El último sondeo de la Fundación Hermes lo confirma: casi la mitad de los navarros, el 48%, preferiría trabajar en el sector público antes que en el privado. Frente a ellos, solo el 22% sueña con emprender o ser autónomo y el 28% optaría por un empleo asalariado en la empresa privada. La estabilidad se impone a la iniciativa y al riesgo. Y eso debería hacernos reflexionar. El dato no es anecdótico. Se está consolidando un modelo económico cada vez más dependiente del sector público, con un peso creciente del mismo. En nuestra tierra había, a enero de este año, 51 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, frente a la media nacional de 36 y solo por detrás de Extremadura, con 56. Además, en la Comunidad foral ya hay más empleados públicos que trabajadores por cuenta propia. Mientras el empleo público crece, el número de autónomos baja: solo en el último año Navarra ha perdido más de un millar, un descenso del 4%, el más alto de todas las regiones.
El contraste es claro. Los funcionarios se multiplican, los autónomos desaparecen. Es cierto que el sector público es esencial para garantizar servicios básicos y estabilidad institucional, pero cuando el Estado se convierte en el principal empleador, la economía pierde dinamismo y capacidad de generar valor. La Administración no crea riqueza: la gestiona. Y si cada vez hay menos contribuyentes que la financien, el sistema se vuelve insostenible. No se puede sostener una Navarra de funcionarios con una Navarra de autónomos menguante.
Durante las últimas décadas, el sueño laboral de los jóvenes ha cambiado radicalmente. Si en los años noventa o principios de los dos mil se hablaba de emprender, innovar o “comerse el mundo”, hoy el ideal se resume en aprobar una oposición. Ser funcionario se ha convertido en el nuevo símbolo de éxito: estabilidad, puesto fijo, horario predecible, sueldo digno, hipoteca posible y jubilación asegurada. Una aspiración razonable. Pero si se observa con detenimiento, revela un síntoma preocupante: una generación que ha dejado de creer en las oportunidades del mercado y que busca refugio en el Estado como única vía de supervivencia. La consecuencia colectiva de esa elección es una sociedad menos innovadora y menos competitiva.
A ello se suma un dato preocupante: muchos de los jóvenes que preparan oposiciones son titulados universitarios formados en las universidades, en algún caso financiada con dinero público. Tras años de estudio y recursos invertidos, acaban presentándose a plazas que ofrecen mayor estabilidad como policía, bombero o administrativo. Plazas para las que su preparación no ha servido para demasiado, porque esos candidatos están sobre cualificados. Es legítimo que busquen seguridad, pero es un fracaso colectivo que el sistema forme talento para dirigirlo a trabajos que no aprovechan su preparación. Navarra debe ser capaz de ofrecer oportunidades reales de desarrollo profesional en el sector privado y en el emprendimiento para que el mérito y la formación encuentren recompensa más allá del boletín oficial.
Pero el reto no reside en convencer a los jóvenes de que arriesguen más, sino construir un país donde merezca la pena hacerlo. Soy de la opinión de que no es la juventud la que ha perdido el espíritu emprendedor, sino que es en buena medida el país el que ha perdido la capacidad de inspirarlo. Una sociedad sana debería ofrecer tanto seguridad como oportunidades. Si casi todos eligen la primera, algo se ha roto. Los datos sobre emprendimiento agravan la situación. Según el Global Entrepreneurship Monitor, la tasa de actividad emprendedora en Navarra apenas alcanza el 5,4% de la población adulta, por debajo de la media nacional (7,2%). Con un tejido emprendedor tan débil, la capacidad para generar empleo, innovación y valor añadido se resiente. Y así, mientras el presupuesto público crece y el contexto institucional no acompaña en exceso, el motor económico privado se apaga.
Porque, como es sabido, el Gobierno foral lejos de revertir esta tendencia, la alimenta. Los Presupuestos Generales de Navarra para 2026 vuelven a aumentar el gasto de personal, que ya supone un 32% del total, sin que los servicios mejoren. Más plantilla, más gasto, pero no mejores resultados. Como venimos defendiendo desde Institución Futuro desde hace mucho, es un error confundir la expansión del aparato público con la eficacia, que no está garantizada. La Administración crece, pero la ciudadanía no percibe avances proporcionales en sanidad, educación o servicios sociales, entre otros.
Revertir esta situación exige políticas que impulsen la iniciativa privada, inviertan en educación emprendedora, reduzcan trabas administrativas y fiscales, protejan a quienes arriesgan y aseguren condiciones dignas. Son pasos imprescindibles para reactivar el deseo de construir. También es necesario, aunque sumamente complicado, que se produzca un cambio cultural que devuelva prestigio al riesgo y al mérito. Navarra fue durante décadas una comunidad de empresarios y emprendedores que transformaron una región agrícola en una tierra industrializada, y hoy corre el riesgo de convertirse en una comunidad funcionarial. Necesitamos equilibrio. No se trata de despreciar el empleo público, sino de ponerlo en su justa medida. Una sociedad moderna requiere un sector privado fuerte, innovador y capaz de atraer talento y retenerlo. Sin empresas dinámicas no habrá ingresos públicos suficientes, ni oportunidades para los jóvenes, ni futuro para el tan valioso Estado del bienestar. Que la mitad de los navarros aspire a ser funcionario es, en realidad, el síntoma de una pérdida de confianza en la economía productiva. Porque ningún territorio prospera a base de oposiciones.