Las cifras han bajado ligeramente desde el máximo registrado en 2021. Pese a ese descenso, la Renta Garantizada se ha mantenido en Navarra en unos niveles muy superiores a los registrados al comienzo del periodo analizado.
El perfil de los hogares perceptores también ha experimentado una importante transformación. En 2010, el 61,5% de las unidades familiares era de origen autóctono, mientras que en 2025 ese porcentaje ha caído hasta el 35,5%.
Las unidades familiares de origen migrante han representado el 64,5% del total durante el último ejercicio. El crecimiento del número de perceptores se ha concentrado principalmente en estos hogares, mientras que las unidades autóctonas beneficiarias han descendido respecto a hace una década.
El coste de la prestación también ha aumentado con fuerza. El Gobierno de Navarra ha pasado de destinar 29,5 millones de euros en 2010 a gastar casi 109 millones en 2025.
El mayor desembolso se produjo en 2020, cuando la factura alcanzó los 114,5 millones de euros. Además, la cuantía media mensual ha subido desde los 536 euros de 2010 hasta los 698 euros, un incremento cercano al 30%.
El informe ha indicado igualmente que, en la mayoría de los ejercicios, el gasto real de la Renta Garantizada ha terminado superando el presupuesto previsto inicialmente por el Ejecutivo foral.
Uno de los datos que más preocupa a la oposición es el reducido número de salidas hacia el mercado laboral. De las 32.672 personas beneficiarias, 20.396 estaban en edad de trabajar, pero únicamente 10.740 figuraban como disponibles para el empleo.
Esta última cifra ha representado el 32,9% del total de beneficiarios. De esas 10.740 personas disponibles, solamente 1.187 han dejado de cobrar la ayuda por haber encontrado un puesto de trabajo, alrededor de un 11%.
Al mismo tiempo, los mecanismos de incentivación del empleo se han reducido un 23% respecto a 2024. Este descenso se ha producido mientras el Gobierno de Navarra ha mantenido un gasto elevado en la prestación.
El documento también ha recogido que 4.101 unidades familiares han compatibilizado la Renta Garantizada con el Ingreso Mínimo Vital o con una pensión no contributiva. Esta cantidad supone más de una de cada cuatro familias perceptoras.
