Diario de Navarra, 11 de diciembre de 2005
Julio Pomés, Director de Institución Futuro
El pasado día 16, D. Juan José Lizarbe cuestionaba en estas páginas un artículo mío sobre la discriminación que sufre Navarra por parte del Estado en materia de infraestructuras.
El pasado día 16, D. Juan José Lizarbe cuestionaba en estas páginas un artículo mío sobre la discriminación que sufre Navarra por parte del Estado en materia de infraestructuras. Vaya por delante mi elogio al ex secretario general socialista por el mérito de defender al Gobierno de La Moncloa en una cuestión tan insostenible. Qué pena que las cifras que aparecen en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sean tozudas. Como director de una institución apartidista, impulsora de la sociedad civil y que, además, ha incorporado la divisa de «think tank independiente» a su nombre, no entraré en el debate político. Únicamente demostraré con claridad los perjuicios que los PGE van a causar a Navarra. En primer lugar, recuerdo que mi crítica se centra, de un lado, en la falta de dotación para dos infraestructuras navarras que son competencia del Estado en nuestra comunidad: la ferroviaria y la aeroportuaria. De otra parte, se echa en falta que no haya partidas presupuestarias para que nuestras autovías continúen más allá de nuestras mugas. Navarra, tierra que se ha caracterizado por el respeto a sus Fueros y sus pactos, ha cumplido todos sus compromisos en las áreas en las que somos competentes, razón por la que el Estado debería hacer lo mismo.

Si detallamos los compromisos pendientes, se advierte que faltan por invertir cerca de seiscientos millones de euros en el Tren de Alta Velocidad en Navarra, para lo que no hay un solo euro en los Presupuestos del Estado de 2006. Por otra parte, en la Ley de Presupuestos figura una cantidad de 44 millones de euros para el Canal de Navarra que ya ha sido abonada con anterioridad y, frente a los 20.0000 millones de euros que va a invertir el Estado en el conjunto de España, a Navarra tan solo se van a destinar 67 millones, lo que representa el dos por mil. Además, no se ve nada relevante para el 2007, 2008 y 2009. Recuerdo a su señoría que la obra pública es la única vía por la que el Estado puede hacer inversiones en Navarra. Es verdad que, en años anteriores, el Estado abonó puntualmente el Canal de Navarra, pero mi reproche se refiere a los próximos PGE, y no a hechos ya históricos irreversibles, sean positivos o negativos, al margen de quien esté en La Moncloa. Mencionaré a continuación algunos ejemplos que confirman mi tesis.
El retraso por el incumplimiento del Estado en la conexión con la autovía a Logroño (en tierra riojana) es de dos años y medio. Ruego que no se aluda al medio millón de euros presupuestados para esta obra, pues esta cantidad no alcanza ni para el proyecto. El retraso de la autovía de Tudela a Medinaceli hace que Pamplona vaya a ser la última capital de comunidad autónoma en estar unida a Madrid por una vía de gran capacidad.

La probabilidad de que el corredor ferroviario de alta velocidad del Cantábrico al Mediterráneo no pase por Pamplona acarreará un grave perjuicio económico. Si no fuera así, indíqueme por qué figuran previsiones de partidas plurianuales para el TAV en Aragón, La Rioja y Castilla y León y no consta ninguna para la Comunidad foral. Sí, ya sé que hay promesas verbales, pero soy más partidario de que se reflejen en los Presupuestos. De acuerdo con la estimación probable de los precios del petróleo, el TAV es quizá la infraestructura más importante para la Navarra del futuro y, lamentablemente, no se le está dando la importancia que requiere. Sin duda, convendría que Navarra y el País Vasco cooperasen en este asunto para reivindicar con más fuerza ante el Gobierno central.

A fecha de hoy, no es cierto que haya un Plan de Infraestructuras aprobado. Tan sólo está presentado y no recoge ningún compromiso económico. Además, este proyecto amplia el plazo de diez a veinte años para las inversiones, con el consiguiente daño para nuestro desarrollo económico. Al recurrir a las fuentes, se aprecia que, más que un Plan de Infraestructuras, lo que se encuentra es un plan de intenciones políticas del Estado.
¿Por qué el acuerdo del presidente Urralburu con el ministro Saenz de Cosculluela en 1991 para la construcción del Canal de Navarra tuvo validez y usted no se la asigna al acuerdo suscrito en 2002 entre el Gobierno de Miguel Sanz y el Gobierno de José María Aznar para desarrollar todas las Infraestructuras de interés para Navarra?

Le ruego también que me indique por qué asigna a este segundo acuerdo la categoría de «promesas en la intimidad». A todas luces ambos acuerdos son del mismo rango y por ello debieran merecer el mismo respeto y el mismo apoyo político de los dos partidos mayoritarios de Navarra. Sr. Lizarbe: ese afecto que usted profesa al gobierno central no puede llevarle a imaginar imposibles. De otro modo le cantaré la jota «soñé que la nieve ardía».

Institución Futuro
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