El agua es un recurso vital para las regiones y desempeña un papel fundamental en el desarrollo y bienestar de las comunidades. Desde la provisión de agua potable para el consumo humano hasta su uso en la agricultura y la industria, este recurso es imprescindible para satisfacer nuestras necesidades básicas y promover el crecimiento económico. Navarra es, en este sentido, una tierra bendecida, ya que posee un gran potencial hidráulico.
Pero que las aportaciones de agua de los ríos que atraviesan la comunidad foral sean cuantiosas no garantiza, por sí misma, satisfacer las necesidades actuales debido a una falta muy importante de regulación de los mismos. La aportación media de agua de los ríos de Navarra es del orden de 3.800 hm3 anuales, pero la capacidad de los embalses construidos es de 883 hm3, menos el 25%. De ellos 445 hm3 corresponden a Yesa –antes de su recrecimiento-, y 418 hm3 a Itoiz.
En cuanto a su aprovechamiento para regadío nuestra comunidad estaba a final del siglo pasado a la cola de las regiones limítrofes, con una media de 24 hectáreas transformadas en riego por cada hm3 de aportación anual, cuando La Rioja, por ejemplo, estaba en 50 ha/ hm3 y Aragón en 63 ha/ hm3.
De ahí que se planteara la conveniencia de construir el Canal de Navarra, cuya primera fase -que riega los municipios situados entre la margen izquierda del Arga y la margen derecha del Aragón- solo puede calificarse de éxito. Por el incremento en un 25% de la superficie de riego de Navarra. Por el aumento del número de cultivos en regadío, al pasar de 20 a más de 45. Porque el empleo en el sector primario ha crecido un 20% de 2009 a 2019, lo que ha supuesto un incremento de los salarios de más de 27 millones de euros anuales. Porque, solo en 2021, el beneficio para los propietarios de tierras ha crecido en más de 17 millones de euros, con el consiguiente impacto positivo en la recaudación fiscal de casi 11 millones de euros. Porque ha demostrado que la colaboración público-privada funciona de manera excelente. En resumen, podemos decir que el mayor rendimiento y los nuevos cultivos han aumentado 6 veces los beneficios por hectárea, y que el impacto positivo global –teniendo en cuenta el desarrollo económico local y la disminución de la huella de carbono-, está por encima de los 59 millones de euros anuales.
Al analizar estos datos no se entienden las demoras que ha sufrido esta infraestructura, tanto en la Ampliación de la 1ª fase como en la 2ª fase. Estos retrasos han repercutido negativamente tanto en costes de oportunidad, no solo económicos, sino también en la posibilidad de facilitar agua de boca de calidad a 70.000 navarros de la Ribera que ahora mismo no disponen de ella. Demoras que no parecen estar justificadas por razones financieras, sino sobre todo políticas. La forma de financiar la primera fase de la zona regable del Canal –mediante un contrato de concesión de obra pública- ha sido un modelo de éxito para todas las partes. ¿Por qué no repetirlo en la 2ª fase?
El Canal ha resultado ser un eje vertebrador y de cohesión territorial, y una gran ayuda para fijar el empleo rural y dar continuidad a un sector, el agrícola y agroindustrial, que se ve amenazado por un relevo generacional cada vez menor. Los retrasos no han favorecido que muchos agricultores de ya cierta edad se hayan ilusionado con este proyecto, que quizá unos años antes hubieran afrontado con más entusiasmo.
Capítulo aparte se encuentra el impacto económico de la continuidad de esta infraestructura, ya demostrado con la 1ª fase y estimado para la 2ª: las inversiones previstas aumentarían el Valor Añadido Bruto anual en 217 millones de euros y contribuirían a crear más de 3.000 puestos de trabajo (directo, indirecto e inducido). La recaudación fiscal aumentaría en 33 millones de euros y, por encima de todo, existe un gran interés y demanda de agua de uso agrícola por parte de los agricultores y ganaderos de la Ribera. Sin olvidarnos de que sería la solución definitiva para llevar allí agua de boca de calidad.
La industria agroalimentaria navarra ve el Canal como una gran ventaja competitiva respecto a otras zonas geográficas, por su cercanía y por la eficiencia energética del proyecto, ventaja que se hace especialmente visible en años como este 2023, en el que otras regiones se han planteado restricciones al riego a causa de la sequía. El Canal es la garantía de que la industria agroalimentaria de la zona media y la ribera de Navarra se desarrolle en todo su potencial.
Con toda esta información en mente, y teniendo en cuenta, además, que en la 1ª fase de la zona regable no se emplea todo el volumen de agua disponible, no se llega a comprender las reticencias de determinados actores, de los muchos que intervienen en este proyecto, a la hora de defender esta infraestructura. En concreto, no es admisible que la máxima responsable de la sociedad pública del Gobierno de Navarra encargada de desarrollar las infraestructuras agroalimentarias afirme públicamente que no pueden posicionarse sobre este tema por no contar con todos los datos. Han tenido toda una legislatura para obtenerlos, son datos que la sociedad civil sí conoce, como los expuestos en este artículo.
El Canal de Navarra debería priorizarse en la agenda política, habría que buscar alternativas de financiación que aseguren la viabilidad de la 2ª fase y debería también existir un cronograma detallado de situación, para que todos los ciudadanos conozcamos en qué situación se encuentra el proyecto y si se está cumpliendo o no con lo pactado. No hacerlo, o ponerse de perfil frente a este reto del agua, es una irresponsabilidad cuyas consecuencias sufriremos, tarde o temprano, todos los navarros.
José María Aracama Yoldi Presidente del think tank Institución Futuro