Un informe elaborado por varios colegios de ingenieros y el think tank Institución Futuro han señalado que el agua del Canal de Navarra no llegará a la Ribera hasta 2028, debido a los trámites que todavía deben realizarse y el periodo de ejecución de obra que como mínimo se alargará cuatro años. Estas son unas previsiones optimistas basadas en las experiencias de la primera y la ampliación de la primera fase, pero todavía todo puede retrasarse más.
Miguel Iriberri, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra (COIINA); José Miguel del Amo, en representación del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y el País Vasco en la Delegación Navarra; Pedro Busto, decano de la Demarcación de Navarra del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; y José María Aracama, presidente del think tank Institución Futuro, han presentado las conclusiones y recomendaciones de la II Jornada El futuro del agua en Navarra, celebrada en junio.
Esta cita profundizó en los avances de los últimos años en la regulación de las aguas en Navarra y la evolución de infraestructuras como el Canal para analizar la política hidráulica más conveniente para la Comunidad Foral.
Compromiso de un cronograma que se cumpla
Estos colegios de ingenieros e Institución Futuro han pedido al Gobierno de Navarra elaborar “un documento cronograma detallado de la situación de la ampliación de la primera fase del Canal y de la segunda fase para llevar agua a la Ribera”. Insisten en esta propuesta para que “los plazos y los costes de las diferentes fases de ejecución” se cumplan y puedan conocer la ciudadanía.
Miguel Iriberri ha insistido en que “el Canal es una infraestructura de la Comunidad, que beneficia a todos sus habitantes”, por lo que no es “un proyecto político que cambia según el Gobierno de turno sino que es un proyecto de Navarra”. Ante la relevancia de dicha obra han pedido “un sistema de gobernanza que lidere y sea responsable del proyecto estratégico, encabezado en este caso por la presidente María Chivite”, ha señalado José María Aracama. “Un modelo que también permita intervenir a todas las partes implicadas, como las concesionarias, la Comunidad de Regantes, las mancomunidaes, etc”, ha añadido el presidente de think tank Institución Futuro.
Aracama ha lamentado que los diferentes retrasos en esta infraestructura hidráulica van a impedir que pueda optar a los fondos Next Generation, “una oportunidad perdida porque el Canal no va a estar terminado para 2026, exigencia de la UE para el uso de estas ayudas”, ha recordado.
Las alternativas de financiación
El informe plantea “la búsqueda de alternativas de financiación públicas y público-privadas que aseguren la viabilidad de la segunda fase del Canal y los plazos de ejecución en cada fase: en ejecución del Canal por parte de Canasa (sociedad pública compuesta en un 60% por el Estado, y en un 40% por Navarra); en la distribución secundaria (opción abierta a financiación pública o público-privada) y el equipamiento en parcela (tanto agricultores como usuarios)”.
En relación a la construcción de los ramales que conectan el Canal con las zonas de regadío y cuyo coste depende del Gobierno foral tanto en la primera como en la ampliación, Aracama ha indicado que la fórmula de la construcción de la obra por parte de una empresa privada y el contrato de concesión durante varias décadas de la zona regable “es la más viable“. En definitiva, defiende el sistema del peaje en sombra que se está utilizando. Aunque ha insistido que hay otros modelos, considera que este ha funcionado.
Además, estos ingenieros también recomiendan que el Gobierno de Navarra elabore estudios de planificación hidrológica para aprovechar el potencial hidráulico de la Comunidad.