La revelación, esta semana, de los ingresos de trabajo reales de varios dirigentes políticos de la Comunidad foral ha provocado un alud de reacciones. Las muy abultadas dietas que han percibido varios cargos de UPN y PSN por asistir a consejos de Caja Navarra, unidas a las que perciben por su presencia en otros dos consejos de empresas públicas, les ha permitido en la práctica duplicar sus salarios. En la antigua Roma, por cierto, salariumera la palabra que designaba el pago en sal con el que a veces se retribuía a los soldados. Hoy, los salarios de los políticos navarros son los que se han convertido en sal para la herida de miles de ciudadanos acorralados entre la crisis y los recortes.
La presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, declaró el año pasado unos ingresos de 143.000 euros, de los que 78.000 fueron en dietas. El vicepresidente económico, Álvaro Miranda, a su sueldo de 64.000 euros se sumaron al menos otros 60.000 en dietas. Y Roberto Jiménez, otro de los vicepresidentes del actual Ejecutivo percibió 97.000 euros, de ellos casi 40.000 de dietas.
Sin embargo, más allá del lógico desaire que causa la noticia en la calle y de las apuradas reacciones de los políticos que intentan apagar el fuego, parece necesario abrir un debate en profundidad sobre la regulación de los sueldos entre la clase política. Más en un país donde cada uno regula la cuestión a su manera y en el que se dan situaciones tan chocantes como que las nóminas de los presidentes autonómicos del País Vasco y Cataluña, por ejemplo, superen con creces a la de Zapatero. Quienes más y quienes menos, y Navarra no ha sido una excepción en los últimos años, han redondeado sus ingresos -en un intento se decía de equipararlos al sector privado- a través de las dietas por la pertenencia a consejos de empresas públicas. Unos emolumentos que, por supuesto, han sido ajenos a los recortes salariales. Al igual que lo ocurrido en la Comunidad de Madrid, donde se ha descubierto que presidenta y consejeros disfrutaban de un complemento "opaco" que les reportaba hasta 20.000 euros brutos anuales y que tampoco ha sido objeto de tijera.
¿Cómo deben regularse, entonces, los sueldos de los dirigentes políticos? ¿Están poco remunerados, como dicen ellos, y por eso deben recurrir a las dietas? ¿Deberían cobrar un único sueldo al margen de su asistencia a determinados consejos vinculados a su cargo? Un grupo de expertos de diferentes ámbitos de la sociedad navarra intenta aportar algo de luz al debate.
¿Pagar su productividad?
Belén Goñi, directora de la Institución Futuro (centro de investigación socio-económica) parte de la premisa de que en cualquier puesto de trabajo el sueldo debe ser acorde al trabajo que se realiza y a la responsabilidad que entraña. "Los políticos no deberían ser una excepción", asevera. "Está claro, continúa- que vivimos una situación de crisis que a todos nos obliga a apretarnos el cinturón. Los salarios medios han bajado en el sector privado y es lógico que lo hagan también en el público. Pero, insisto, lo justo es que cada uno cobre en función de su trabajo y la responsabilidad que asume".
"Dicho esto -prosigue-, debemos ser conscientes de que los puestos de Gobierno llevan aparejadas algunas ventajas y muchos inconvenientes. Si a estos inconvenientes les sumáramos un salario muy inferior al de mercado, el número de buenos profesionales dispuestos a ocuparlos se vería muy limitado y eso no sería bueno para una región o país".
Incorpora también una nueva reflexión para el debate y es que no sólo opina que los políticos deberían percibir "un solo sueldo y transparente", sino que éste debería estar constituido "por una parte fija y otra variable ligada a objetivos".