La conferencia de Jesús Javier Sánchez Barricarte, Catedrático de Sociologia, organizada por Co.Ciudadana e Institución Futuro el 21 de mayo bajo el título “¿Más inmigración, más problemas? Lo que revela la evidencia”, constituyó una defensa clara de la inmigración desde una perspectiva demográfica, económica y empírica, alejada -según insistió el ponente- de enfoques emocionales o ideológicos. El acto contó con la intervención de Aladino Colín, presidente de Co.Ciudadana, Pablo Ruiz, miembro de Institución Futuro, y Carlos Medrano, economista.
Barricarte comenzó señalando que la inmigración es probablemente uno de los fenómenos más debatidos y peor comprendidos de la actualidad. Reconoció la existencia de inquietudes sociales relacionadas con la seguridad, el empleo, la vivienda o la identidad cultural, pero defendió que estas cuestiones deben analizarse a partir de evidencia científica y no desde el miedo o el alarmismo. A lo largo de la intervención fue desmontando lo que denominó “narrativas alarmistas” contra la inmigración: la supuesta “invasión migratoria”, el abuso de ayudas públicas, la pérdida de empleo para los nacionales, el deterioro de la seguridad o el denominado “gran reemplazo cultural”.
Uno de los ejes centrales de la conferencia fue el problema demográfico español y navarro. EL Catedrático subrayó el desplome histórico de la fecundidad -de 2,8 hijos por mujer en España en 1975 a apenas 1,2 en la actualidad- y alertó sobre las consecuencias de este fenómeno: pérdida de población autóctona, envejecimiento acelerado y riesgo de despoblación. Recordó que actualmente en España mueren cada año unas 180.000 personas más de las que nacen de madres españolas, y señaló que sin inmigración la población española se reduciría drásticamente en las próximas décadas.
En el caso de Navarra, incidió especialmente en el problema de la despoblación rural. Explicó que 175 municipios navarros se encuentran en riesgo intenso o extremo de despoblación y defendió que la inmigración constituye una herramienta imprescindible para sostener población, actividad económica y relevo generacional, especialmente fuera de la Comarca de Pamplona y en zonas agrícolas como la Ribera.
El ponente insistió en que la inmigración no genera prosperidad “por arte de magia”, sino que sus efectos dependen del marco institucional y económico del país receptor. En este sentido, defendió cinco pilares para el progreso: libertad económica, protección de los derechos individuales, acceso a energía abundante y barata, inversión en capital humano y crecimiento demográfico. Según explicó, el desarrollo económico depende del conocimiento, de las economías de escala y de la capacidad de sostener infraestructuras costosas, algo más fácil en sociedades con población creciente.
El sociólogo defendió también que la inmigración tiene efectos económicos positivos en términos agregados. Citó diversos estudios nacionales e internacionales según los cuales los inmigrantes aportan más de lo que reciben, presentan tasas de actividad superiores a las de la población española y ocupan principalmente trabajos complementarios, no sustitutivos. Argumentó que muchos sectores económicos dependen ya estructuralmente de la mano de obra extranjera y recordó que existen más de 150.000 vacantes laborales sin cubrir pese al elevado desempleo español.
Respecto a las ayudas públicas y los servicios sociales, reconoció que los inmigrantes reciben proporcionalmente más ayudas, pero lo atribuyó a sus mayores tasas de pobreza y no a privilegios específicos. Defendió asimismo el acceso universal a la sanidad, también para inmigrantes irregulares, tanto por razones humanitarias como de salud pública y productividad económica.
Uno de los apartados más sensibles fue el relativo a inmigración y delincuencia. Aunque reconoció la existencia de problemas reales y desafíos específicos en algunos colectivos, sostuvo que la evidencia empírica disponible para España no muestra una relación general entre inmigración y aumento de la delincuencia grave. De hecho, presentó estudios propios y académicos recientes que apuntan a que el aumento de la inmigración no habría tenido efectos significativos sobre los delitos graves en España entre 1999 y 2023. También defendió que la regularización de inmigrantes irregulares contribuye a reducir la criminalidad al favorecer la integración laboral y social.
La conferencia concluyó con un mensaje claramente favorable a una inmigración ordenada e integradora, presentada como una necesidad estructural para España y Navarra ante el colapso demográfico, el envejecimiento y la escasez de mano de obra. Barricarte defendió que el verdadero debate no es “inmigración sí o no”, sino qué tipo de país quiere ser España y cómo garantizar una integración eficaz dentro de un marco de prosperidad, libertad económica y cohesión social.
