Jaime Gómez-Obregón, ingeniero de datos, es conocido por su activismo en favor de la transparencia política en la contratación del sector público. Se hizo notorio por hackear, es decir, resolver unilateralmente los problemas de acceso a los datos públicos de algunas administraciones. Por hacer posible acceder de forma racional a datos que las administraciones estaban ofreciendo de modo tan ineficiente que resultaba imposible usarla. El ponente cuenta con más de 130.000 seguidores en la red social X y estuvo en Pamplona de mano de Pompaelo el jueves, 18 de diciembre, con la colaboración de Institución Futuro y Sociedad Civil Navarra.
El punto de partida de la sesión fue la experiencia cotidiana del ciudadano: webs que fallan, formularios incomprensibles y trámites que se bloquean por detalles mínimos de formato. El ponente subrayó que, en demasiados casos, la experiencia digital es peor que los viejos procedimientos analógicos que pretendía sustituir.
Esa acumulación de fallos ha normalizado la idea de que “tratar con la administración” equivale a resignarse a la frustración, la incertidumbre y la sensación de que nadie responde cuando algo va mal. Para Jaime Gómez-Obregón, esta situación es la prueba de que la digitalización no se ha concebido pensando en las personas, sino en los expedientes.
Uno de los diagnósticos centrales fue la fragmentación del ecosistema digital público, reflejo directo de la estructura territorial española. Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos reproducen en lo digital sus fronteras administrativas con sistemas que no se hablan, soluciones duplicadas y ausencia de estándares incluso en ámbitos críticos como sanidad o emergencias.
Gómez-Obregón apuntó al modelo de contratación tecnológica como un núcleo del problema, un sistema que alimenta un circuito cerrado con unas pocas grandes consultoras que se reparten los proyectos. En palabras del propio ponente, la administración vive instalada en una especie de “Ñapa as a Service”, donde los remiendos técnicos se eternizan y “los mismos errores pueden permanecer años en producción sin que nadie asuma responsabilidades ni los corrija”.
El ingeniero cántabro dirigió gran parte de sus críticas al “solucionismo tecnológico” y al uso de la tecnología como herramienta de marketing político. Denunció que mientras los ciudadanos se pelean con sistemas básicos que no funcionan, algunas administraciones prefieren anunciar proyectos vistosos –como su salto al metaverso– antes que arreglar lo esencial.
En esta línea, dejó una idea que vertebró su intervención: “La tecnología pública no tiene que ser futurista, tiene que ser humana: discreta, comprensible y al servicio de quien la necesita, no al servicio de la foto del político de turno”. Esa “digitalización humana” pasa, según defendió, por interfaces sencillas, mensajes claros y procesos que puedan seguir también quienes no tienen competencias digitales avanzadas.
La conferencia alertó de que la mala digitalización no es solo un problema técnico, sino social y político. La obligatoriedad de ciertos trámites telemáticos y la complejidad de mecanismos como el certificado digital excluyen de facto a muchos mayores y colectivos vulnerables, vulnerando sus derechos en la práctica.
Esa exclusión y la frustración acumulada están alimentando una creciente desconfianza hacia las instituciones. Gómez-Obregón advirtió de que este caldo de cultivo es terreno fértil para discursos populistas que prometen “dinamitar el sistema” en lugar de reformarlo, y señaló que la administración digital mal planteada puede convertirse en una fábrica de desafección democrática.
Frente a este panorama, el ponente principal planteó una hoja de ruta que combina reformas técnicas, cambios en la contratación y mayor activismo cívico. Abogó por una digitalización “total pero resiliente”, que aproveche al máximo lo digital pero incorpore asistentes humanos para acompañar a quienes quedan al margen, al estilo de lo que ya ocurre en el sector bancario.
Gómez-Obregón defendió también el uso de las redes sociales como vía directa de interlocución con los responsables públicos, siempre desde el rigor y los datos. “Cuando vas con hechos, sin insultos y sin trincheras ideológicas, la administración no tiene escapatoria: o te responde o evidencia, ante todos, que no quiere mejorar”, sostuvo, reivindicando la capacidad de la sociedad civil para forzar cambios.
La conferencia se cerró con un mensaje claro: el fracaso de la administración digital en España no es inevitable, pero exige dejar atrás el tecnoalarde, reformar de raíz la forma en que se contrata y se diseña la tecnología pública y situar, de una vez, al ciudadano en el centro.
