La
Encuesta de Condiciones de Vida 2019 publicada recientemente
por el Instituto Nacional de Estadística arroja datos
interesantes sobre ingresos y situaciones de pobreza en
España.
El
primer dato relevante es el referente a los ingresos medios
anuales por personal. Los más elevados se dieron
en País Vasco (15.300 euros), Madrid (14.199) y Navarra
(13.937). Por su parte, los ingresos medios anuales más
bajos se registraron en Extremadura (8.796 euros), Murcia
(8.956) y Andalucía (9.160). Merece la pena señalar
que aunque el informe del INE se refiere a 2019, los datos
se toman del año anterior.
Además,
el INE incluye información referente a la tasa AROPE
(tasa de riesgo de pobreza o exclusión social) y
al riesgo de pobreza por CCAA. Se comprueba que en ambos
casos Navarra poseía en 2019 los porcentajes más
bajos, seguida de País Vasco y Baleares. En el otro
extremo se encontraban Extremadura, Andalucía y Canarias,
con las tasas más elevadas.
Se
concluye, por tanto, que en Navarra los datos son más
que positivos a este respecto, aunque es previsible que
con la crisis del COVID-19 estos varíen a peor en
todas las CCAA. Pues bien, el informe publicado en julio
de este mismo año por la European Anti Poverty Network
"El paisaje del abandono. La pobreza severa en España",
incluye información sobre las rentas mínimas
de inserción (en Navarra, la llamada renta garantizada).
Se
comprueba una vez más la posición ventajosa
de Navarra a este respecto, al existir en la Comunidad Foral
una cobertura del 100%, es decir, que la renta garantizada
cubre a todas las personas en situación de pobreza
severa. Además, la cuantía mínima es
en Navarra la segunda más elevada, y la máxima,
la mayor de todas las CCAA.
Las
cifras de número de perceptores de la renta mínima
en Navarra no han dejado de aumentar desde 2014, como ya
apuntábamos en otro
gráfico de la semana, como tampoco lo ha hecho su
coste para las arcas públicas. También es
de prever en este caso que las cifras de perceptores de
renta garantizada continúen en aumento en los próximos
años, debido a la pandemia y el impacto económico
que ha tenido en las empresas y familias.
En
ese mismo gráfico recordábamos la información
publicada por la Cámara de Comptos referente a las
unidades familiares perceptoras de Renta Garantizada que
acceden a un trabajo y suspenden la prestación. Pues
bien, solo el 7,47% en 2017 y el 7,69% en 2018 de las unidades
familiares que recibía la renta garantizada dejó
de percibirla por haber accedido a un empleo (1.189 y 1.236
respectivamente).
La conclusión sigue siendo la misma, reforzada todavía más si cabe por la crisis económica en la que nos encontramos a raíz de la pandemia del COVID-19. Para lograr la inclusión de las personas en situación de pobreza severa, la obtención de un trabajo es clave. De no ponerse en marcha políticas de empleo eficientes, ligadas a un apoyo firme y decidido a las empresas, difícilmente se podrá acabar con las bolsas de pobreza existentes y futuras.
