Artículos de opinión

El dinero público sí tiene dueño. Pertenece a los ciudadanos que lo aportan vía impuestos y cotizaciones y a quienes, legítimamente, esperan que se gestione con rigor, eficiencia y visión de largo plazo. Por eso resulta tan valioso contar con instituciones que velen por su uso adecuado, que analicen con independencia las cuentas públicas y que adviertan, cuando sea necesario, de los riesgos que pueden comprometer la sostenibilidad futura. En ese papel, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha desempeñado una función esencial.

Como el dinero es finito, aunque estos gobiernos de progreso son especialistas en recaudar a mansalva, quiera Dios que nuestro Tren de Alta Velocidad no sea el pagano. Ya han amanecido voces diciendo que a dónde va España con tanta red de Alta Velocidad. Que más vale conservar lo que hay y no construir más.

Durante décadas, muchos europeos vivimos con la sensación de que la geopolítica era una disciplina lejana, casi académica, reservada a diplomáticos, militares o analistas internacionales. Mientras tanto, Europa prosperaba en un mundo relativamente estable donde el comercio global parecía funcionar como una maquinaria previsible. Ese mundo está cambiando.

El tamaño no lo es todo, pero importa. Para pagar mejores salarios, para invertir más en innovación, para resistir mejor las crisis y para competir en igualdad de condiciones en el mercado global. Si queremos una Navarra más próspera, debemos situar el crecimiento empresarial en el centro de la agenda económica. No se trata solo de tener más empresas, sino de tener empresas más fuertes, más productivas y más capaces de generar oportunidades sostenibles en el tiempo.

Es probable que muchos partidos, al ver limitada su capacidad de influencia, reaccionen con críticas y apelaciones a la “tecnocracia” o al “elitismo”. Sin embargo, para una parte creciente de la ciudadanía, una Administración no sometida al control partidista y guiada por criterios profesionales e independientes no supondría una amenaza democrática, sino todo lo contrario. Recuperar la confianza en la democracia pasa también por restaurar la confianza en una Administración pública verdaderamente vinculada al servicio del interés general y al margen de la colonización política.