Apariciones en medios

José María Barrero, CEO de Barrero Abogados y miembro del think tank Institución Futuro, señala que la tasa de incapacidad temporal en Navarra es del 52.18% por cada mil afiliados, impactando sobre todo a pequeñas empresas. Los factores clave son la Ley 15/22, que dificulta el despido de trabajadores en incapacidad temporal y prolonga procesos judiciales, y los retrasos del sistema sanitario navarro, saturado. La pandemia ha aumentado las enfermedades psiquiátricas, y la falta de derivación a especialistas retrasa diagnósticos. La colaboración contra el fraude en las bajas se ha deteriorado. Las empresas asumen costes elevados, cubriendo gran parte del salario y complementos, y probar el fraude judicialmente es complejo.

La Renta Garantizada en Navarra ha alcanzado en 2025 los 32.672 beneficiarios y ha supuesto un desembolso cercano a los 109 millones de euros. Sin embargo, apenas 1.187 personas han abandonado la prestación después de encontrar un empleo. El Informe Anual 2025, publicado por el Departamento de Derechos Sociales, dirigido por la consejera Carmen Maeztu, y analizado en un estudio publicado esta semana por Institución Futuro, refleja un fuerte crecimiento de la ayuda desde 2010. Los datos han llevado a los partidos de la oposición a insistir en que el sistema necesita una reforma para evitar la cronificación de sus perceptores.

Desde Institución Futuro han planteado introducir en la futura Ley Foral de Salud una reforma de la carrera profesional que evalúe y retribuya verdaderamente el mérito y el desempeño a través de dos itinerarios diferenciados: uno de carácter asistencial y otro de carácter científico.

Institución  Futuro concluye que la Renta Garantizada cumple una función esencial como red de protección para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, su objetivo último debe ser siempre ayudar a las personas a recuperar su autonomía económica y reincorporarse al empleo cuando ello sea posible. Los datos del informe muestran que el número de beneficiarios continúa siendo muy elevado, el gasto se ha consolidado en niveles históricamente altos y cada vez son menos quienes abandonan la prestación por haber encontrado trabajo. El verdadero éxito de este tipo de políticas no se mide por el número de personas que permanecen en ellas, sino por las que consiguen dejar de necesitarlas gracias a su incorporación al mercado laboral.

El informe del IEE destaca que la competitividad fiscal constituye un factor clave para impulsar el crecimiento económico, atraer inversión y favorecer la creación de empleo. La combinación de una posición rezagada en el índice internacional, un deterioro continuado en los últimos años, una elevada aportación fiscal de las empresas y una mayor complejidad administrativa sitúa a España en desventaja frente a buena parte de las economías desarrolladas. Merece la pena subrayar que la mejora de la competitividad tributaria no depende únicamente de la reducción de la presión fiscal sino también de la simplificación normativa, la estabilidad regulatoria y la eficiencia de los procedimientos de gestión y cumplimiento de las obligaciones fiscales