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Institución Futuro hace público un informe de valoración de los proyectos de ley de medidas fiscales que el Gobierno de Navarra aprobó en noviembre de 2022 y remitió al Parlamento de Navarra para su debate en la Cámara. Se presenta la valoración de las medidas más relevantes:

 Debiera haberse incluido una deflactación para 2023 de todas las magnitudes del IRPF. Esta medida hubiera afectado prácticamente a todos los contribuyentes, al corregir el efecto que la inflación tiene en las rentas que se gravan en el impuesto, especialmente las de trabajo. Tampoco se ha aprovechado para modificar las tarifas actuales, de las más altas de toda España, volviendo a las originales de 2015, donde los tipos marginales (48% máximo) eran ya lo suficientemente elevados.

Aunque no está incluida en el Proyecto de Ley, al ser una iniciativa que partió de los grupos parlamentarios, merece la pena destacar la deducción extraordinaria para rentas de trabajo (sólo para IRPF 2022), aplicable de forma decreciente desde 18.000 hasta 35.000. Desde Institución Futuro se denuncia esta subida encubierta del IRPF a las rentas superiores a 35.000 euros anuales.

Respecto al gravamen de la base liquidable especial del ahorro, se han incorporado dos nuevos tramos de tarifa, pero se quiere destacar que la tarifa actual de Navarra en sus tramos bajos penaliza especialmente a los pequeños ahorradores frente a los de territorio común haciendo que en determinados Navarra puedan llegar a tributar hasta cinco puntos más que en el Estado (por ejemplo, un ahorrador navarro con 16.000 euros de renta pagaría un 26% en Navarra frente a un 21% en el Estado).

El proyecto de ley analizado no apuesta por potenciar los planes de pensiones privados (con límite de desgravación de 1.500 euros, que es muy bajo), entendemos que por considerar que no es progresivo, y sin tener en cuenta que en el momento del rescate del plan la progresividad se dispara.

Respecto al Impuesto sobre Sociedades, el proyecto de ley recoge la elevación del umbral del importe neto de la cifra de negocios para que una entidad pueda ser considera pequeña empresa a efectos del Impuesto de Sociedades y, por tanto, se reduce el tipo del 28% al 23%. Es de valorar esta medida por el impacto directo que va a tener en las empresas. Asimismo, resulta beneficioso el incremento de las deducciones por inversión en instalaciones de energía renovable y movilidad eléctrica, así como las deducciones por inversiones  que sustituyan la utilización de gas natural por hidrógeno renovable o producción de hidrógeno renovable, entre otras.

Las medidas de apoyo al emprendimiento –tanto para emprendedores como para inversores- resultan interesantes y se amplían las condiciones de impatriados (hasta ahora únicamente aplicables a profesionales del ámbito de la I+D+i y docencia universitaria) a otro tipo de profesionales, como actividades de organización, gerencia, de carácter técnico, financieras o comerciales. Ahora bien, se echa en falta que se apliquen las condiciones de impatriados a quienes ejercen de administradores de sociedades o incluso a nómadas digitales, hecho que sí recoge la “Ley de Startups”.

No se incluye en el proyecto de ley una medida que el resto del país tiene: que la retribución de emprendedores con participaciones o stock options no tribute hasta que se vendan, o tribute en una menor cuantía. En el Estado y en el País Vasco tienen una tributación mucho más favorable. Esta medida produce una clara desventaja competitiva en la atracción de estos emprendedores.

En lo que al Impuesto sobre el Patrimonio se refiere, Navarra ya parte de una situación de desventaja frente al Estado y el País Vasco. Aunque no está expresamente previsto en el proyecto de ley, el Gobierno de Navarra y el grupo parlamentario EH Bildu pactaron una subida temporal, de 2 años, para patrimonios netos superiores a 3 millones de euros. Se estima que puede haber unos 380 contribuyentes que se vean afectadas por esta medida con un impacto potencial muy limitado económicamente que, sin embargo, puede suponer el detonante para que ciertos contribuyentes se planteen modificar su domicilio fiscal. Más aún si se trasladan solo los tipos del nuevo impuesto sobre grandes fortunas y no se traslada el tipo mínimo que corrige la confiscatoriedad, que en el Estado es del 20% de la cuota del impuesto sobre el patrimonio y en el país vasco del 25%, frente al 45% de Navarra: entonces Navarra volvería a encontrarse en peores condiciones que el resto de contribuyentes.

Aun poniendo en valor algunas de las medidas aprobadas, en conjunto se echa en falta haber utilizado la norma para corregir y revertir algunas situaciones que han producido en los últimos años una peor fiscalidad en Navarra y un deterioro de su competitividad fiscal. La fiscalidad resulta crucial para la atracción de empresas, inversiones y empleo y a la vista del proyecto de ley no se van a fomentar. Navarra va a seguir estando en desventaja respecto a los contribuyentes del resto de España.

Institución Futuro
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