Muchos padres navarros elegimos en su día determinados centros concertados porque compartíamos su proyecto educativo, entre otras cuestiones porque ofrecían educación diferenciada. Era una opción legal, reconocida y conocida por todos. Y libremente decidimos escolarizar a nuestros hijos allí. Sin embargo, años después el Gobierno de Navarra decidió que esos centros debían abandonar ese modelo si querían seguir formando parte de la red concertada. Miles de familias vieron –vimos- modificadas unas condiciones que habían sido determinantes a la hora de elegir colegio para nuestros hijos, y muchos no han podido terminar su época escolar con el mismo modelo con el que empezaron.

Algo parecido puede ocurrir ahora con la vivienda protegida. El Gobierno de Navarra se ha mostrado favorable a una modificación legal para impedir que determinadas viviendas de alquiler puedan venderse en el futuro, incluso cuando fueron promovidas bajo unas reglas distintas, es decir, cuando podrían destinarse a la venta tras 21 años. Quienes impulsaron esos proyectos, invirtieron recursos y asumieron riesgos lo hicieron confiando en un marco normativo concreto.

Años después, las condiciones cambian. Y este es el verdadero problema. La seguridad jurídica parece un concepto abstracto hasta que nos afecta personalmente. Consiste, sencillamente, en poder confiar en que las reglas del juego no van a cambiar a mitad de partido, una vez que hemos tomado una decisión importante. Cuando una familia elige un colegio, se embarca en un proyecto de vivienda o cuando una empresa realiza una inversión, lo hace en función de unas normas determinadas.

Las leyes pueden cambiar, por supuesto. Lo que resulta mucho más discutible es que cambien para quienes ya habían actuado legítimamente conforme a las reglas vigentes. Porque cuando las reglas se modifican a mitad del partido, se resiente la confianza. Y sin confianza hay menos inversión, menos iniciativa y menos libertad para construir proyectos de vida a largo plazo. La seguridad jurídica no es un lujo para juristas; es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad próspera y democrática.