Hace pocos días se cumplió el primer aniversario de la creación de la Plataforma en favor de la Alta Velocidad en Navarra. Una iniciativa civil impulsada por asociaciones, ciudadanos y empresas que reclamamos la mayor celeridad en la llegada de la alta velocidad a nuestra tierra.
Éste no es un tema menor. Ni de capricho. Se trata de exigir lo que fue aprobado en 1994 en Consejo de Ministros, es decir, hace más de 30 años. En ese tiempo se ha logrado que el 80% de la población española peninsular disponga de TAV en su capital de provincia, lo que ha implicado una inversión de más de 55.000 millones de euros.
Sin embargo, en Navarra no tenemos en servicio ni un mísero kilómetro de alta velocidad. En total se han invertido alrededor de 500 millones de euros en el corredor navarro en los últimos diez años, pero aún quedan obras por valor de cómo mínimo 3.000 millones. Así que si siguiéramos a este ritmo, tardaríamos alrededor de seis décadas. Y ojo, que ese dinero no lo paga Navarra, sino el Estado.
Precisamente ese retraso que comento es el que quiere evitar la Plataforma. En el último año se han logrado avances que seguramente no se hubieran conseguido de no existir esta iniciativa. Pero hay que seguir reclamando no solo inversiones, sino que se aprueben documentos técnicos que permitan ejecutar las obras.
A estas alturas ya no se trata de narrar las bondades del TAV –desarrollo económico, competitividad, vertebración territorial…- sino de exigir un servicio al que el resto de españoles ya tiene acceso.
Por cierto, el Comisionado del Corredor Atlántico de la alta velocidad estuvo la semana pasada en Pamplona y afirmó que no iba a comprometerse a plazo alguno. ¿Tal vez consideró innecesario fijar fechas si después no iba a cumplirlas? Iremos viendo…