Quizá algunos de ustedes recuerden a la francesa Edith Cresson. Fue Comisaria europea de Ciencia, Investigación y Desarrollo entre 1995 y 1999, pero su popularidad se la debe a haber causado la dimisión en pleno de la Comisión. Dio un trato de favor a dos conocidos suyos, a los que encargó estudios y contrató de forma irregular, ilegalidad que fue investigada por el Parlamento Europeo. Cuando quedó demostrado que su comportamiento había sido improcedente, ni ella ni el Presidente de la Comisión, Jacques Santer, quisieron dimitir a título individual (él estaba acusado de mala gestión), decisión que forzó una renuncia en bloque de todos los Comisarios. Las responsabilidades no sólo se depuraron con las dimisiones, sino que la siguiente Comisión europea, presidida por Romano Prodi, denunció a Cresson ante la Corte de Justicia Europea por “incumplir deliberadamente, o bien como consecuencia de negligencia grave, las obligaciones derivadas de su cargo”.
La semana pasada (23 de febrero) se conoció la opinión, no vinculante pero no por ello falta de valor, del Abogado General de la Corte de Justicia Europea, que instruye su causa. Leendert Adrie Geelhoed considera procedente la acusación de favoritismo a pesar de que las sumas estafadas no fueron considerables: “Lo que importa es determinar la probabilidad de que la conducta de que se trata atente contra la autoridad y la credibilidad de la Comisión”. Si los jueces siguen la misma línea que la del abogado general, Cresson, que ahora tiene 72 años, podría perder hasta la mitad de la pensión que recibe de Bruselas, cifrada en unos 4.000 euros mensuales. Muchos ciudadanos críticos de la Unión Europea pueden ver en el caso Cresson un ejemplo significativo de actuación política coherente, práctica poco habitual en España.