El absentismo ha dejado de ser una preocupación exclusivamente empresarial para convertirse en un problema que afecta al conjunto de la economía. Existen bajas plenamente justificadas y situaciones de enfermedad que requieren toda la protección del sistema, faltaría más. Pero reconocer esa realidad es perfectamente compatible con admitir que el funcionamiento actual presenta deficiencias que deben corregirse. Los datos muestran que estamos ante un fenómeno de una dimensión cada vez mayor. En España, alrededor de 1,2 millones de personas no acuden cada día a su puesto de trabajo. El último informe anual de Adecco sobre absentismo sitúa en el 7,35% el porcentaje de horas pactadas que se pierden por este motivo, frente a niveles próximos al 5% antes de la pandemia. El absentismo se ha incrementado y se mantiene en máximos históricos.
La factura económica también crece. El coste asociado a las bajas laborales supera los 34.000 millones de euros anuales, sumando las prestaciones asumidas por la Seguridad Social y los costes que soportan directamente las empresas. Pero esa cifra no refleja todo el impacto. Hay que añadir la producción que deja de realizarse, las sustituciones, la reorganización de turnos, la sobrecarga para otros trabajadores y, en definitiva, la pérdida de productividad y competitividad que genera una ausencia continuada. No hay empresa que pueda sostener un absentismo alto durante mucho tiempo sin resentirse.
El problema resulta especialmente preocupante en Navarra. Los datos de la AIReF muestran que nuestra Comunidad presenta una incidencia de la incapacidad temporal muy superior a la media nacional, y que esta ha seguido una trayectoria ascendente durante los últimos años. Según los datos de AMAT, en 2024 Navarra alcanzó una incidencia media mensual de 45,9 procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes por cada 1.000 trabajadores, frente a los 31,7 de España. Las diferencias territoriales son importantes porque demuestran que no todo puede explicarse por el estado de salud de la población. El marco laboral es esencialmente el mismo y los problemas sanitarios no deberían variar hasta tal punto entre comunidades autónomas. Cuando los resultados son persistentemente diferentes debemos analizar qué ocurre con la gestión, los tiempos de espera sanitarios, el seguimiento de las bajas, la prevención o los incentivos existentes.
También resulta reveladora la diferencia entre asalariados y trabajadores autónomos. La incidencia de las bajas es significativamente menor entre estos últimos. Evidentemente, no puede concluirse que los autónomos enfermen menos. Lo que cambia son las consecuencias económicas de no acudir a trabajar y, por tanto, los incentivos. Esta realidad debería invitarnos a estudiar el diseño del sistema sin caer en simplificaciones ni sospechas generalizadas sobre los trabajadores.
Otro elemento que merece especial atención es la duración de las bajas. El Banco de España ha advertido de la creciente importancia de los procesos de larga duración. Cuanto más se prolonga una incapacidad temporal, mayores son las dificultades para reincorporar al trabajador y más elevado es su coste económico y organizativo. Mejorar los mecanismos de seguimiento y agilizar el acceso al diagnóstico y al tratamiento debería convertirse, por ello, en una prioridad.
¿Qué podemos hacer? La solución no consiste en reducir derechos ni en dificultar las bajas a quien realmente las necesita. Consiste precisamente en conseguir que el sistema proteja mejor al trabajador enfermo y sea, al mismo tiempo, más eficaz. Hay que reforzar la prevención, agilizar pruebas y tratamientos, mejorar la coordinación entre servicios públicos de salud, mutuas y empresas y facilitar adaptaciones temporales del puesto cuando permitan una reincorporación segura. También debemos mejorar el control. Un sistema garantista no puede confundirse con un sistema sin supervisión. Es necesario realizar un seguimiento más eficaz de los procesos, especialmente de los más prolongados, e identificar posibles abusos cuando existan. Proteger al trabajador que verdaderamente está enfermo y perseguir comportamientos fraudulentos no son objetivos contradictorios. Al contrario, son dos condiciones necesarias para preservar la legitimidad y sostenibilidad del sistema.
España arrastra desde hace años un serio problema de productividad y Navarra compite en mercados internacionales en los que nuestras empresas no pueden trasladar indefinidamente sus mayores costes a los precios. El absentismo tiene consecuencias sobre la organización empresarial, la producción, el crecimiento y también sobre las cuentas públicas. Disponemos ya de suficientes datos para reconocer la magnitud del problema. Ahora necesitamos abandonar posiciones simplistas y afrontar sus causas. Defender nuestro sistema de protección social exige proteger a quien lo necesita, pero también corregir sus deficiencias. Porque solo un sistema bien gestionado puede seguir siendo un sistema sostenible.