TENDENCIAS DE FUTURO 29

 

LA TENDENCIA

 

La rentabilidad de las energías alternativas

 

En Estados Unidos, la búsqueda de energías renovables se ha convertido en un “reality show”: “Viviendo con Ed” (“Living with Ed”). Es la historia de una familia (los Begley) dominada por la tensión entre obsesión del padre (el actor y activista medioambiental Ed Begley) para lograr un vida totalmente acorde con el medio ambiente y la indiferencia de su esposa, Rachelle Carson.

Lo más espectacular de “Living with Ed”, que se emite en la cadena especializada Planet Green (“Planeta Verde”) es la casa del actor, en la que la mayor parte de la energía es renovable, y se obtiene a través de unos paneles solares, una turbina de energía eólica y algunos aparatos más atrabiliarios, como una bicicleta estática en la que el actor se sube para generar energía que le permita hacer funcionar la tostadora del pan.

Pero, aún así, Ed Begley tiene dos problemas. Uno es que todavía tiene que pagar luz: alrededor de 300 dólares al año, o sea, poco más de 200 euros. Otro, que su casa, para los parámetros habituales de la clase media- alta californiana, es una ratonera, porque apenas tiene 147 metros cuadrados útiles (es una cifra enorme para España, pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos es el tercer país más grande de la Tierra y el concepto de las casas pequeñas -o de nada pequeño en general- es ajeno a su cultura).

Las limitaciones de la vida de “huella cero” (el llamado “footprint”, o huella, que es la forma favorita de muchos estadounidenses de medir su impacto medioambiental) de Ed Begley ilustran las dificultades de toda la revolución tecnológica que Barack Obama, José Luis Rodríguez Zapatero y otros líderes mundiales están tratando de llevar a cabo. Hay ejemplos también a escala más grande que el de la casa de Begley. Por ejemplo, como reveló el Premio Nobel de Física y secretario de Energía de Obama, Steven Chu, sólo las neveras de Estados Unidos consumen el 3 por ciento de la oferta de energía en el país. Eso es  más que la energía producida por todas las fuentes de energías renovables de Estados Unidos.

Esas cifras abrumadoras son la clave del debate. Hasta ahora, el mundo desarrollado ha logrado un aceptable historial a la hora de reducir la contaminación ambiental mientras mantenía un considerable crecimiento económico. La emisión de gases sulfurosos, que generan la lluvia ácida, se ha desplomado en EEUU desde la entrada en vigor, a principios de la década de los 90, de un mercado de emisiones similar al que Obama quiere lanzar con el CO2.

Pero con las emisiones de gases que provocan el “efecto invernadero”, las cosas son muy diferentes. La cuestión aquí no es actuar sobre un sector de actividad económica, sino literalmente transformar todo el mercado energético. Eso es equivalente a reformar toda la economía, de arriba abajo. Es un objetivo que ya ha sido marcado explícitamente por los políticos. El pasado mes de junio, la Cámara de Representantes de EEUU aprobó la llamada Ley Waxman- Markey (en honor a sus dos patrocinadores) que propone recortar en un 83 por ciento las emisiones de CO2 de la industria de Estados Unidos para el año 2020. Hay que aclarar que en el complicado sistema legislativo estadounidense el que una de las dos cámaras apruebe una ley no quiere decir nada, ya que es necesario el apoyo del otro cuerpo legislativo (el Senado) y eso, como veremos más adelante, no se da en este caso. Pero la propuesta indica claramente la magnitud de la transformación a la que no enfrentamos.

Porque las actuales respuestas al cambio climático implican una revolución. Y las revoluciones tecnológicas suelen tener un efecto claro en el mercado: la creación de “burbujas” especulativas. La expansión de la navegación mercante (y de la trata de esclavos) provocó la “burbuja” de los Mares del Sur. La del ferrocarril, el crash de 1873. La de la radio y el automóvil, el de 1929. Y el nacimiento de Internet, el crash de las tecnológicas de 2000. En todos esos casos hubo una transformación tecnológica procedente del sector privado, pero las expectativas nunca se cumplieron. Y, en el caso de las energías renovables, el cambio es aún mayor y, además, está firmemente apoyado por los Gobiernos. Eso explica la tesis del Instituto Juan de Mariana, de que estamos ante una “burbuja” con respaldo estatal. Lo cual lleva a otra cuestión: ¿hasta qué punto, por utilizar un juego de palabras, las energías sostenibles son “sostenibles” sin subvenciones? Y, en último término, ¿cuál es la mejor forma de dar apoyo público a estas iniciativas? ¿Subvenciones, exenciones fiscales, programas del Estado?

 

ESTADOS UNIDOS

A nivel internacional, el máximo ejemplo de esa mentalidad es Barack Obama. El presidente de Estados Unidos se ha leído en vacaciones el libro Hot, flat and crowded (Caliente, plana y llena de gente), escrito por el ganador del Pulitzer y columnista del “New York Times” Thomas Friedman. Según Friedman, lo que es “caliente, plano y lleno de gente” es la Tierra y, para solucionar esa situación, es necesaria una “revolución verde”

El libro, que es una de las “Biblias” del centroizquierda de EEUU, propone un gigantesco proyecto a nivel nacional, similar al Programa Apolo que llevó al hombre a la Luna para encontrar un nuevo mercado energético sostenible. Según sus críticos, no es más que una sucesión de clichés muy bien desarrollados. No obstante, queda una cuestión pendiente: Estados Unidos desarrolló el Programa Apolo y, aunque llegó a la Luna, los beneficios económicos o científicos de la hazaña fueron muy limitados. Acaso un ejemplo más preciso—aunque políticamente más difícil—sería el de Proyecto Manhattan, con el que Estados Unidos desarrolló la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial.

Barack Obama quiere que para 2025 el 25 por ciento de la energía de Estados Unidos proceda de fuentes renovables, como el viento, la biomasa, el sol y la energía geotérmica. Y parece improbable que el sector privado alcance esos objetivos por sí solo. Así que la cuestión es cómo jugar con los incentivos. Mientras algunos afirman que es mejor dejar a las fuerzas de mercado operar por sí solas, otros propugnan un importante activismo por los Gobiernos.

La proximidad de la cumbre de Copenhague, que se abre el 7 de diciembre para buscar un nuevo marco regulador que sustituya al pactado en Kioto en 1997, hace que esta cuestión vaya a estar de la máxima actualidad en los próximos meses. No sólo eso: es casi seguro que de esa conferencia no salga ningún acuerdo, puesto que en el Senado de Estados Unidos el debate sobre la creación de un mercado de emisiones -que es lo máximo a lo que la Administración de Obama se ha comprometido- está totalmente paralizado debido a motivos políticos.

Por un lado, los Estados con una gran presencia de industrias extractivas -como Montana, Wyoming y Virginia Occidental- y, como petroleros - Texas, Alaska, Luisiana, Oklahoma- e industriales -Nueva York, Michigan, Ohio y New Hampshire- se oponen frontalmente a cualquier control de las emisiones. Al mismo tiempo, las ciudades, como Nueva York, Washington, Chicago, San Francisco y Los Ángeles, apoyan esas medidas y rechazan de plano que la ley incremente el apoyo a la energía nuclear, a pesar de que ahí puede estar la clave del acuerdo.

El problema se complica porque dentro de 14 meses, en noviembre de 2010, hay elecciones legislativas, y ningún legislador está dispuesto a poner su reelección en peligro por el “efecto invernadero”. La consecuencia es que el Senado ha paralizado el debate de la ley Waxman-Markey. A su vez, eso ha obligado a la propia ONU a considerar una segunda conferencia internacional en 2010, en la esperanza de que para entonces el Senado estadounidense haya sido capaz de avanzar en el control de las emisiones de CO2 que realiza ese país. Así pues, los próximos meses van a estar marcados por un feroz debate en materia energética.

¿Es posible el cambio? El Instituto Juan de Mariana, en un informe publicado recientemente que provocó una considerable controversia en España, sostiene que no. Según ese informe, si Estados Unidos adopta una política energética similar a la de España, registrará una pérdida de 2,2 empleos por cada uno nuevo que cree en energías “verdes”, lo que se traduce al final en una pérdida de empleo neto de 1,2. En el caso de que Obama cumpla su objetivo de crear entre 3 y 5 millones de empleos en energías renovables, destruirá en el proceso de 6,6 a 11 millones, sin contar con el coste de oportunidad derivado del cambio.

El informe del Juan de Mariana, además, presentaba de manera bastante concluyente la idea de que España ha atravesado por una verdadera “burbuja” de las energías renovables, ligada en buena medida a la expansión del crédito de los últimos años. Ahora, el “credit crunch” mundial puede añadir un toque de realismo a esas políticas.

Sin embargo, el Instituto Juan de Mariana no consideraba en su análisis dos factores. Uno, la posibilidad de lograr una mayor eficiencia energética con medidas como la mejora del aislamiento de los edificios. El “energy efficiency gap” (“brecha de eficiencia energética”) no ha sido apenas analizado por Gobiernos ni expertos, a pesar de que puede suponer una significativa reducción del gasto energético. El segundo elemento es que los planes de Estados Unidos pasan siempre por la creación de un mercado de emisiones de gases de efecto invernadero. En realidad, éste es un mercado que ya existe en Estados Unidos (en EEUU ya hay dos mercados de ese tipo, uno de ellos propiedad del NASDAQ, y en los próximos meses la Bolsa de Chicago lanzará un tercero). Según la revista “New Scientist”, los mercados de emisiones podrían generar un volumen de negocio de 700.000 millones de euros en 2020.

Los recursos que el Estado obtendría por la venta de esos permisos, a su vez, se destinarían a subvencionar otras energías “verdes”. La Oficina Presupuestaria del Congreso -un órgano independiente que analiza el impacto económico de la legislación estima que la venta de permisos generará unos ingresos fiscales de 80.000 millones de dólares (55.000 millones de euros) anuales durante los 10 primeros años del sistema.

Pero, aún con esas matizaciones, hay muchos que creen que el Instituto Juan de Mariana está, en términos generales, en lo cierto. Uno de los mayores think tanks de Washington, el American Enterprise Institute, que fue muy influyente en la Administración Bush, sostenía hace poco que el cambio es, “simplemente, demasiado caro”. Es una opinión que comparten expertos independientes, entre ellos la Agencia Internacional de la Energía, un organismo dependiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que el año pasado declaró que “es incierto saber si la escala de la transformación prevista [para cambiar el modelo energético] ni siquiera es técnicamente alcanzable, dado que […] las tecnologías todavía no han sido probadas. El cambio tecnológico, si es factible, no tendría ciertamente precedentes en cuanto a su escala y desarrollo”.

 

COSTE VIABILIDAD ECONÓMICA

Así que al final la cuestión tiene dos elementos fundamentales: el coste y su viabilidad económica. La segunda cuestión también ha sido analizada por Martin Feldstein, uno de los economistas vivos más influyentes. Feldstein, de la Universidad de Harvard, es el padre ideológico de la economía de la oferta de Reagan y Thatcher, y un destacado defensor de la idea de que el capital debe estar sometido a la menor presión fiscal posible, con el objetivo de favorecer la inversión y el desarrollo económico. En la ecuación básica de la economía Y=(K,L), que señala que la producción (Y) es función del capital y del trabajo, Feldstein apuesta claramente por el capital.

 

Hace cuatro meses, Feldstein publicó en “The Washington Post” un artículo acerca de la ley Waxman- Markey. Sus conclusiones eran rotundas: una reducción del 15 por ciento de las emisiones de CO2 de EEUU costará a las familias estadounidenses 1.600 dólares (casi 1.100 euros) al año. No sólo eso: para lograr los apoyos políticos necesarios para imponer un mercado de emisiones (“cap and trade”, o “límites y comercio”), “la legislación deberá abandonar la subasta de permisos para dar permisos a determinadas empresas”. Según la tesis de Feldstein, los ingresos fiscales derivados de la venta de permisos quedarán rápidamente compensados por la caída de la renta y, consiguientemente, de la recaudación que el nuevo sistema provocará. Estas cifras, sin embargo, han sido cuestionadas por el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, para quien los mayores costes sólo se producirán en los primeros años del nuevo plan. Según Krugman, en 2020 el coste del sistema de “cap and trade” no excederá el 0,2% de la renta anual de las familias, es decir, el equivalente “a comprar un sello todos los días”.

Todos estos análisis, sin embargo, adolecen del mismo problema: asumen que las actuales tendencias en la economía y el medio ambiente se van a mantener. Ése es un sesgo característico de los estudios proyectivos, en los que se analiza la evolución futura de una variable. Sin embargo, la Historia demuestra que, a menudo, las cosas no pasan como esperábamos.

Ése es el argumento del análisis de Ronald Bailer en la revista “Reason”, del Reason Institute, un think tank libertario. Bailer no niega el “efecto invernadero”, pero afirma que divulgadores de éxito como Al Gore lo exageran. Y, en “Reason”, explica que lo más probable es que una gran parte de las subvenciones que EEUU destine a la Investigación y Desarrollo (I+D) de nuevas fuentes de energía no tengan resultados prácticos. Y, para ello, recurre a su propia experiencia como asesor en la búsqueda de energías alternativas con Jimmy Carter, el último presidente de EEUU que convirtió esta cuestión en un elemento prioritario de su agenda política.

Bailer recuerda que las masivas inversiones que Carter lanzó no sirvieron para nada porque se trataba de planes dirigidos desde el Estado, en los que las empresas del sector no fueron tenidas en cuenta. Y da una cifra sorprendente para quienes afirman que Estados Unidos apenas ha invertido en energías alternativas: desde 1961, ese país ha gastado 187.000 millones de dólares (127.000 millones de euros) en el desarrollo de fuentes energéticas que sirvan de alternativa al petróleo. Es una cifra que supone el equivalente al 9% del PIB español. Pero, aún así, el 40% de la energía del país en 2008 procedió del crudo. Sin embargo, al analizar estas cuestiones no hay que olvidar que los combustibles fósiles también tienen subvenciones. Concretamente, según la Agencia Internacional de la Energía -un organismo que depende de la OCDE el año pasado los países en vías de desarrollo gastaron 310.000 millones de dólares en subsidiar el consumo de petróleo y carbón. Precisamente, una de las decisiones de la “cumbre” del G-20 en Pittsburgh ha sido la decisión de eliminar esos subsidios. Sin embargo, dado que en el acuerdo no se establecen plazos ni una fecha límite para alcanzar ese objetivo, la credibilidad de la medida es muy escasa.

La tesis de Bailer se encuadra dentro de la tendencia que afirma que, más que subvencionar, el estado debería gravar las externalidades generadas por la contaminación de CO2. Una externalidad es un impacto (positivo o negativo) de una actividad económica. Y, en este caso, la externalidad negativa que hay que gravar es el cambio climático producido por las emisiones de gases procedentes de los combustibles fósiles. Ésta es una opción defendida por numerosos expertos, agrupados en el Club Pigou, que toma su nombre del economista británico Arthur Pigou. El Club Pigou fue lanzado por Greg Mankiw, ex jefe del equipo de asesores de George W. Bush, Paul Krugman, el Premio Nobel liberal Gary Becker, el alcalde de Nueva York y propietario de la agencia de información financiera que lleva su nombre Michael Bloomberg, Al Gore, Alan Greenspan, el secretario de Estado con Ronald Reagan George Shultz y otras destacadas personalidades de diferentes adscripciones ideológicas.

Sin embargo, también hay expertos que sostienen lo contrario. Ése es el caso del Centro para el Progreso de América (Center for American Progress), el think tank del que han salido la mayor parte de las ideas -y muchos de los altos funcionarios- de la Administración de Obama. Barack Obama quiere que para 2025 el 25% de la energía de Estados Unidos proceda de fuentes renovables, como el viento, la biomasa, el sol y la energía geotérmica. Según ese centro de estudios, una inversión de 150.000 millones de dólares anuales (105.000 millones de euros) en EEUU durante diez años generará 1,7 millones de empleos, justo el doble que una inversión similar en energías convencionales.

Aunque contradictorios, todos estos análisis presentan varios elementos en común:

1. El cambio climático va a exigir transformaciones económicas inimaginables

2. Esas transformaciones deberán ser llevadas a cabo de forma coordinada por los sectores privado y público. Bien sea bajo la forma de subvenciones, de impuestos, o de la transformación del marco regulatorio (o por medio de una combinación de los tres) el Estado intervendrá en la transformación, aunque ésta sea llevada a cabo primordialmente por el sector privado.