Un jefe, con motivo de los efectos devueltos que íbamos recibiendo en la empresa, me hizo, hace ya algunos años, el siguiente comentario: ¡Antes, para no devolver una letra, la gente vendía su camisa; ahora, la devuelven para comprarla! ¿Cambian los tiempos, me pregunto ahora? ¿Ha cambiado la ética y la moral de las gentes? ¿Ha cambiado la forma de ver e interpretar los negocios y la economía? Depende. Habría que ver la cuantía de las deudas y los créditos, por qué se asumen, para qué se emplean, la capacidad que tenemos de endeudarnos, las posibilidades que tendremos de devolver el capital recibido más los intereses del préstamo…
En una empresa se dice que los créditos son el equivalente al lubricante y combustible en un motor. Ahora que escasean, vemos su importancia en la economía, fundamentalmente de las pymes. A nivel familiar, si los miles de personas con las que convivimos no hubieran contado con una hipoteca o un préstamo alguna vez, hubieran tenido más dificultades para adquirir una vivienda, un coche o unas propiedades. Lo mismo sucede al más alto nivel. Nuestros sucesivos gobiernos han tenido el acierto o la intuición de endeudarse para dotarnos de infraestructuras como autovías, ferrocarriles, telecomunicaciones, hospitales, colegios o universidades que hoy definen y posibilitan el progreso y nuestro Estado de bienestar.
También es cierto que los créditos y las deudas nos pueden arruinar. Las empresas se endeudan para hacer frente a sus pedidos y seguir funcionando, para aprovechar mejor sus capacidades productivas, generar riqueza, adquirir tecnología, crear empleo, rentas, pero nadie se quiere arruinar. Las deudas las empleamos todos para salvar un bache coyuntural o para realizar una inversión que nos reporte beneficios. El Estado las utiliza en muchas ocasiones para propiciar el desarrollo del país o para sacar a la economía de la recesión y la crisis, como sucede ahora. Hoy no se entiende a un Estado sin deuda. A veces, lo hace para incentivar el mercado, la producción, el empleo u otras actividades tractoras.
Todo es cuestión de prioridades y, dentro de la ortodoxia económica, se pueden establecer políticas diferenciadas que permiten alcanzar unos fines, pero contemplando la equidad a partir de la capacidad que tiene el Gobierno de propiciar y redistribuir la riqueza. Quienes ayudan a crecer cuando la economía va bien, no pueden quedar en la estacada cuando se trata de arrimar el hombro para, entre todos, salir de la crisis. Tampoco un Estado social y democrático de derecho como el nuestro puede abandonar a su suerte a una parte de sus ciudadanos, porque le resulten más o menos gravosos para su economía. Somos lo que somos y tenemos lo que tenemos, pero se trata simplemente de buscar equilibrios dentro las posibilidades existentes, sin dejar en el camino a nadie. Donde comen tres comen cuatro, se decía cuando éramos más pobres.
Según datos del Banco de España, la deuda acumulada en nuestro país ascendía a finales del 2009 a algo más de 2,7 billones de euros. Desglosando, 1,3 billones correspondían a empresas, y entre éstas, 325.000 millones a promotores inmobiliarios que, la mayoría, no pagaron los intereses devengados el año pasado, incrementando el monto en 15.000 millones de pesetas más, según informan la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA). Las patronales de las dos organizaciones han estimado públicamente que pueden resultar fallidos más del 50% de esos créditos y piden la intervención de las Administraciones Públicas para evitarlo. En lo que se refiere a las familias, debían a las entidades de crédito el año pasado 903.563 millones de euros, de los que 677.955 eran hipotecas, con importantes impagos también (una media del 6% sólo a las cajas de ahorros), pero con menos fuerza para pedir ayuda. Si sumamos las dos, podemos comprobar que la deuda privada ronda en España los 2,2 billones de euros, algo más del doble del Producto Interior Bruto (PIB) del último año (1,05 billones). Si le añadimos a ésta, la deuda acumulada por las distintas administraciones públicas (en torno a los 500 mil millones de euros), nos encontramos con la cifra mencionada inicialmente, lo que supone algo menos del triple del PIB.
Esto quiere decir, que tenemos créditos personales y públicos para pagar durante muchos años y que la carga de la deuda será importante para las generaciones venideras. Gran parte de ese dinero lo debemos a países extranjeros, fundamentalmente de la Unión Europea, tales como Alemania, Francia, Reino Unido, países asiáticos y otros.
Con la crudeza de estos datos, y sin entrar en si las medidas tomadas hasta ahora por el Gobierno central han sido acertadas o desacertadas (la botella se verá medio llena, medio vacía, en función del color del cristal con que se mire), la obligación de todo Gobierno es manejar los presupuestos, la fiscalidad y el instrumento de la deuda en su política de estabilización. Emplear lo que se conoce como políticas fiscales discrecionales para modificar los tipos impositivos y los programas de gasto, con la creación de obras públicas nuevas y proyectos públicos de empleo. En los dos casos, la efectividad de las medidas es indiscutible, aunque otra cosa son los plazos.
Todos los países modernos han realizado o realizan todo tipo de infraestructuras para activar la economía, tanto de la oferta como de la demanda en su interior, y generar empleo en épocas de crisis. Sucede que los principales efectos de estas medidas fiscales se logran a partir del medio y largo plazo. El Plan E parece que pretendía parar la caída de la construcción y generar empleo temporal inmediato en los municipios, ayudando fundamentalmente a pequeños empresarios de la construcción y trabajadores del sector en desempleo, pero ha sido criticado por inefectivo y despilfarrador. Se supone que no pensarán igual los que se beneficiaron del mismo. Por otro lado, una cifra similar se habilitó, casi al mismo tiempo, para ayudar a las empresas turísticas y nadie se quejó al respecto, ni les ha pedido explicaciones por dónde y en qué lo han empleado.
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