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Los Presupuestos Generales de una Administración, ya sea central o autonómica, son toda una declaración de intenciones sobre qué tipo de Gobierno pretende llevar a cabo. Los Presupuestos son mucho más que una herramienta contable: es el documento que permite conocer la hoja de ruta del partido de turno, cómo va a ingresar y en qué sí y en qué no se va a gastar el dinero público, el de todos. Si lo emplea con objetivos a corto plazo, o si invierte con una visión a largo plazo, teniendo en cuenta lo que preocupa a la ciudadanía.

Para poder entender las actuaciones del cuatripartito que llegó al Gobierno de Navarra en 2015, compuesto por Geroa Bai (el PNV navarro), Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, el think tank Institución Futuro ha analizado de manera pormenorizada los Presupuestos Generales de Navarra de esta legislatura y los ha comparado con los de 2015, último año de legislatura del anterior Gobierno. Como es lógico, las diferencias entre ambos, materializadas a través del gasto público, se corresponden a las diferencias ideológicas de los dos ejecutivos.

La conclusión de la primera parte del estudio es que el Gobierno de Navarra ha contado de 2016 a 2018 con 1.037 millones de euros más que en 2015 para gastar y hacer su política. Una cifra más que respetable. ¿De dónde han salido dichos recursos?

En buena medida de los mayores ingresos fiscales, consecuencia del crecimiento económico, 800 millones de euros más que en 2015. No se puede afirmar que esta bonanza fiscal sea mérito del ejecutivo navarro, porque en este trienio la economía navarra creció ligeramente por debajo de la española. Aun y todo no parecían ser ingresos suficientes, por lo que el ejecutivo aprobó una reforma fiscal –con claro afán recaudatorio- que añadió otros 219 millones de euros de ingresos a las arcas públicas. Por desgracia, la citada reforma fiscal ha perjudicado de manera severa no solo a la competitividad de las empresas forales y a su capacidad de invertir y crear empleo, sino que ha afectado negativamente a Navarra y a la atracción de compañías e inversiones. Capítulo aparte es el efecto que esta reforma ha tenido en las familias con rentas medias.

Pero tampoco estos ingresos parecían satisfacer sus necesidades, por lo que el Gobierno ha reducido los presupuestos de los departamentos que piensan en el largo plazo, como Desarrollo Económico, y los ha invertido en otros cuyos frutos electorales florecen antes. Al mismo tiempo, ha cancelado inversiones en infraestructuras tan importantes como las del Tren de Alta Velocidad. A eso yo lo llamo cortoplacismo.

Pero es que aún hay más. De 2015 a 2017, el volumen de Deuda Pública aumentó en más de 430 millones de euros. O dicho de otra forma: la deuda por habitante pasó de 5.221 a 5.660, casi 440 euros más por cabeza. El incremento sistemático del volumen de deuda alcanzó el límite permitido por la Administracion Central. Además, la gestión financiera de la deuda ha buscado alargar los plazos de amortización, creando así un mayor espacio presupuestario en el corto plazo, pero comprometiendo una mayor cantidad de recursos en el largo. De nuevo cortoplacismo, algo de lo que nos arrepentiremos cuando el crecimiento económico se ralentice, que lo hará.

El análisis del destino de esos nuevos recursos antes mencionados muestra que el incremento se ha concentrado en las transferencias corrientes, es decir, en la entrega de recursos a beneficiarios sin contrapartida por parte de estos, en gastos de personal y en gastos corrientes –que son los recursos que se consumen en el ejercicio en curso para la prestación de los servicios que corresponden a la Administración. Por el contrario, las inversiones reales, por ejemplo las infraestructuras, no se han beneficiado del incremento de recursos presupuestarios, muy al contrario, se han reducido en un millón de euros.

La segunda parte del estudio de Institución Futuro analiza los resultados de este substancial incremento de gasto a corto plazo. Hemos analizado el incremento de gastos en cuatro áreas clave: Salud, Educación, Derechos sociales y Administraciones públicas. La conclusión es que, pese al incremento de gasto presupuestado, se ha producido un deterioro de los indicadores de calidad de los respectivos servicios. Aunque la mayor asignación de recursos a cualquier departamento puede contribuir a una mejor prestación de un servicio, o a un mayor alcance de las medidas a implementar, no es condición suficiente para garantizar una mejora de la eficiencia. No solo se trata de gastar, sino de hacer una buena gestión del gasto. Es lo que no ha habido en el trienio analizado.

Pongamos por ejemplo sanidad, un área en la que lamentablemente nunca nadie ha hecho tan poco con tantos recursos. En concreto, 295 millones de euros más que en 2015. A priori podría pensarse que este aumento de recursos se ha traducido en una mejora de los servicios prestados a los ciudadanos. Pero el Barómetro Sanitario del CIS muestra cómo de 2015 a 2017 la satisfacción de los navarros con la sanidad pública cayó del primer al séptimo lugar, con el agravante de que todas las demás regiones, excepto Andalucía, registraron mejoras. El Monitor de Reputación Sanitaria confirma que el Complejo Hospitalario de Navarra ha caído del 53º al 64º puesto. Las listas de espera, en algunos casos crecientes o la huelga de médicos que en estos momentos están celebrando los profesionales sanitarios navarros son otras muestras de la mala gestión de los recursos.

Ante toda esta información, cabe preguntarse por qué el Gobierno de Navarra no ha equilibrado las cuentas. Por qué no ha reducido la deuda pública. Por qué no ha gestionado pensando en el largo plazo. La conclusión a la que llegamos resulta desalentadora: había muchos intereses que satisfacer. Son la consecuencia de un gobierno que necesita que los cuatro partidos que lo sustentan, con políticas económicas radicalmente diferentes, traten de lograr al menos algunos de sus objetivos. Y ha habido prisa, porque cuatro años son pocos para cubrir tanta expectativa.

Estos cuatro años han sido, en política económica, una oportunidad perdida. Acompañando al crecimiento económico hubiese sido aconsejable otra política más en línea con lo que han sido las señas de identidad de la política económica de Navarra de los últimos cuarenta años. En primer lugar, establecer una fiscalidad competitiva, favorable al crecimiento sostenido y al empleo, del que las empresas son el principal motor. En segundo lugar, volver a la excelencia que siempre ha distinguido a Navarra en la gestión de los servicios público: educación, sanidad, etc. Si algo teníamos que haber aprendido de los años duros de la crisis es que se debe hacer una gestión eficiente del gasto, con prudencia y con previsión, porque la economía es cíclica y volverán a venir mal dadas. A la vista está, que al menor atisbo de recuperación, se ha vuelto a disparar el gasto público, se ha disparado a la primera señal de bonanza económica, lo que demuestra que no todos han aprendido la lección. Y finalmente, la apuesta a largo plazo para la inversión en infraestructuras, como el Tren de Alta Velocidad, carreteras y el Canal de Navarra, que se ha visto relegada a un segundo plano.

Consecuencia de estos hechos es perceptible el desgaste que está sufriendo la imagen de Navarra dentro y fuera de las mugas forales, debido a la fiscalidad, a la inestabilidad política e institucional… La pérdida de atractivo para empresas e inversores juega en contra del desarrollo económico futuro. Sin embargo, el cuatripartito no ha entendido que la venida de compañías fuertes, innovadoras y productivas a Navarra nos beneficia, al igual que el que las empresas locales continúen invirtiendo aquí. A la Administración porque recauda más; y a los ciudadanos porque se genera empleo.

Por desgracia, esta legislatura ha sido para Navarra muy negativa. Cuatro años en los que ha habido una mala gestión de los servicios públicos, a pesar del aumento del gasto. Cuatro años en los que no se ha preparado a la región, tradicionalmente próspera, con una fiscalidad favorable para el crecimiento y el empleo. Cuatro años en los que los intereses políticos cortoplacistas de los partidos en el poder han primado sobre la inversión y las reformas encaminadas a la mejora de la competitividad. Cuatro años, en definitiva, perdidos y cuyas consecuencias lamentarán, y mucho, los navarros.

 
Institución Futuro
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